Santo Domingo.-El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez juzgó como contrario a la Constitución y a los derechos de los usuarios y ciudadanos el “aumento desproporcional” de un cien por ciento en las tasas de los peajes dispuesto por el Fideicomiso RD Vial que administra las 10 estaciones del país.

Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, sostuvo que ante cualquier acción procesal, el Tribunal Superior Administrativo dejará sin efecto la resolución, debido a que la administración de carreteras es un servicio público que debe garantizar el derecho de audiencia antes de emitir sus resoluciones y respetar los principios de razonabilidad y equidad tarifaria que establece el artículo 147 de la Constitución.

El jurista recordó que el 18 de octubre del 2013, el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, firmó con la fiduciaria del Banco de Reservas un contrato para la administración y gestión de las estaciones de peajes a través de la Red Vial, a fin de gestionar los peajes públicos del país.

Rodríguez sostuvo que desde ese momento el régimen de servicio público de carreteras fue concesionado bajo la modalidad de fideicomiso, por lo que debe cumplir con el principio de transparencia y rendir cuentas sobre más de D$4 millones que ha manejado.

Subrayó que en los últimos años se han recaudado montos que oscilan entre RD$1,700 y RD$2,000 millones anuales, de lo cual no se ha informado a la ciudadanía.

“Esa situación afecta sensiblemente el derecho de acceso a la información pública, puesto que las autoridades han mantenido un manto de discrecionalidad sobre el manejo de esos fondos, mientras piden a la ciudadanía que soporte un aumento de un ciento por ciento en la tasa de los peajes”, dijo.

Refirió que recientemente en Argentina un aumento similar de las tarifas del gas dispuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri fue dejado sin efecto por los tribunales de justicia por la falta de derecho de audiencia e información a los ciudadanos afectados.

La Red Vial controla actualmente las estaciones de peajes de Las Américas, Autopista Duarte, 6 de noviembre, Carrera Sánchez, La Romana, Coral I, Coral II, Circunvalación de Santiago y Circunvalación Juan Bosch I y II.

Rodríguez recordó que recientemente han surgido dudas entre economistas y expertos del tema por la falta de información transparente sobre recaudaciones, puesto que de acuerdo a las pocas estadísticas que se conocen los montos son dispares en relación al aumento experimentado por el parque vehicular del país.

“Tradicionalmente los fondos de los peajes se han desviado a otras partidas presupuestarias, de manera que necesitamos saber si lo que pagamos ingresa realmente al fondo de carreteras o si existe apropiación ilegal de lo cobrado”, subrayó.

De acuerdo al artículo 25 de la Ley 200-04, de Acceso a la Información Pública, las entidades o personas que cumplan funciones públicas o que administren recursos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados y con suficiente antelación a la fecha de su vigencia los actos de carácter general que pretenden adoptar y garantizar el derecho de audiencia de los usuarios.

“Es un deber del Ministerio de Obras Públicas y del Fideicomiso de los Peajes informar, aún en ausencia de una petición específica, ya que el principio que rige es el de máxima divulgación, de manera que los ciudadanos deben estar informados sobre el destino que se le da a los fondos públicos”, concluyó el representante de Prensa y Derecho.