Juicios disciplinarios sin procesos



La insuficiencia de recursos del Poder Judicial y el incumplimiento de la asignación del 2.66 % del Presupuesto nacional le sigue creando al Poder Judicial serias precariedades que hacen la justicia cada vez más inaccesible.

Tenemos tribunales abarrotados de casos, por nuestra incapacidad para evitar conflictos, mitigarlos o arribar a soluciones alternativas.

Pero además por la falta de recursos humanos, de infraestructura y de equipos tecnológicos para optimizar las audiencias y elevar la calidad de las decisiones judiciales.

Estas variables hacen que la ineficacia en la administración judicial reduzca nuestra competitividad como país, en la medida en que el Estado no garantiza la seguridad jurídica.

Toda reforma judicial debe incluir herramientas de medición periódica de resultados y monitoreo, incluyendo el manejo de la data sensible que permita mejorar el servicio a los usuarios del sistema mediante un proceso transparente, sin que esto implique abusos hacia los ciudadanos y servidores judiciales.

Debemos enfocarnos en las políticas y experiencias en la región que han demostrado beneficios sociales y económicos para la sociedad.

¿Cómo puede ganar credibilidad el Poder Judicial para exigir un mejor presupuesto, si el Consejo del Poder Judicial (PJ) se salta las garantías del debido proceso de sus propios jueces?

Las sanciones a los jueces por parte del Consejo del PJ, por alegadas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, deben estar precedidas del debido proceso y del respeto irrestricto al derecho de defensa. Jamás podrá adelantarse una sanción con la sola denuncia de un hecho público.

La independencia de los jueces es fundamento y garantía de su imparcialidad.

Cuando el Consejo del Poder Judicial suspende a un juez volándose la cerca del debido proceso disciplinario ha hecho un juicio sin proceso.

La mejor manera de legitimar una sanción contra un juez en falta comprobada es mediante un proceso rodeado de todas las garantías.

Sancionar con la suspensión sin pasarle un juicio respetando todas las garantías, estigmatiza a los jueces, pues aunque resulten luego descargados el daño económico y moral jamás podrá ser resarcido.

De seguir esa hilada de suspensiones sin proceso la carrera de descrédito del Poder Judicial continuará su agitado curso, con la consecuente falta de respaldo ciudadano a la justicia, para perjuicio de todos.

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