Jueza acoge acuerdo entre la Pepca y empresa Embraer que admite pagó sobornos en RD

El entonces presidente de la República Leonel Fernández hace la señal de la victoria al recibir los dos primeros aviones Super Tucanos comprados a Brasil. Le observan el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y el jJefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Rafael Altuna Tezanos. Archivo.

SANTO DOMINGO.-La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibel Rivas, acogió esta tarde el acuerdo firmado entre la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la empresa brasileña Embraer, fabricante de los aviones Super Tucanos, la cual admitió haber pagado sobornos para que ser favorecido con el contrato de compra de las aeronaves.

Según la negociación, Embraer se compromete a entregar documentos a la Procuraduría sobre la venta de los ocho aviones y fue condenada a pagar una sanción económica de 7 millones de dólares, el doble de 3.5 millones de dólares por la adquisición de los aviones en el año 2009, durante el tercer mandato del presidente Leonel Fernández.

Tras la decisión, el procurador Jean Alain Rodríguez resaltó que con la misma no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia.

Asimismo, el Procurador informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de Embraer la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso Super Tucano, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.

Rodríguez recordó que estos 7 millones de dólares establecidos en la condena fueron pagados por Embraer el pasado 13 de agosto y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

En su momento, desde el Palacio Nacional y el Ministerio de Defensa se presentó la compra de los aviones como la panacea para acabar con los bombardeos de drogas sobre territorio dominicano de parte de narcotraficantes procedentes de Suramérica.

Con relación a este caso están sometidos a la Justicia al ex-ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el ex-director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, Félix Del Orbe Berroa y las empresas Magycorp y 4D Business Group. De este grupo el único que está en prisión es el coronel Piccini.

Finalmente, el Procurador anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado integro oportunamente a través de su página web y recordó que la condena impuesta a Embraer no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.