Muchos advierten que el sistema judicial luce estancado y que está retrocediendo. Abundan los escándalos de jueces que, según se afirma, otorgan sentencias complacientes, por motivos alejados del Derecho.

Se habla de decisiones judiciales dadas a favor de personas sindicadas de corrupción y en casos de crimen organizado, por la intervención de jueces ligados políticamente a los acusados o por soborno.

Son serias y preocupantes las denuncias de corrupción. Alarma la magnitud y la cantidad de casos denunciados. Se indica de la existencia de una red mafiosa de jueces y abogados que, para vergüenza de todos, traiciona el mandato ético que debe conducir sus actuaciones. Ello opaca las reformas producidas en el sistema judicial.

Es cierto que el que haya jueces corruptos no implica que ello sea sistémico, pues hay, sin dudas, muchos jueces y abogados íntegros. Pero se incluyen en las denuncias miembros destacados del Poder Judicial y abogados.

Una partícula no es un átomo, pero sin ella tampoco lo es. Basta que uno de los jueces se burle de la justicia para que el sistema se impacte negativamente, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana.

En los últimos 10 años la fe en el sistema judicial en Latinoamérica ha venido decreciendo. En el caso dominicano solo el 38.5%, en una escala de 100 de la población, percibe confianza en el sistema de justicia (Americasbarometer2014).

Es un problema fundamental. La independencia de un juez es un derecho ciudadano, no un privilegio, que varía según las circunstancias y los acusados.

En democracia los jueces deben ejercer esa independencia, y su correlato de imparcialidad, para cumplir con la función pública asignada y para que la población sienta confianza y garantía de acudir ante los órganos judiciales en búsqueda de decisiones justas y apegadas a derecho.

El momento de un congreso abierto, nacional, con la participación de todos los sectores y la población en general y que transparentemente aborde la realidad de la justicia dominicana ha llegado.

Con el verdadero diagnóstico y las propuestas de soluciones, más el compromiso político y ciudadano deberemos enfrentar prontamente los desafíos y retos que marca la preocupante situación actual de la justicia de nuestro país, que pone en riesgo los cimientos mismos de la democracia.