Nadie pone en duda que la sociedad dominicana no debe continuar con una cultura política cuyas prácticas no resultan entre los mejores ejemplos de América Latina en el ámbito de la democracia electoral y de los sistemas de partidos políticos.

Lo anterior, a propósito de la Resolución del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) mediante la cual conmina a los dirigentes de los partidos políticos que aspiran a posiciones electivas a suspender todas sus actividades proselitistas; constituye una medida saludable para la democracia, pero de difícil aplicación en el país.

En el mundo político dominicano se han producido opiniones a favor y en contra de la disposición. Los que se oponen, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, alegan que no se fundamenta sobre bases legales y que tampoco resulta compatible con la Constitución de la República. Argumentan que se limitarían los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión mediante una medida administrativa.

Lo cierto es que los miembros titulares del órgano se la jugaron con la misma debido a que corren el riesgo de poner en juego su autoridad y el debilitamiento institucional, si finalmente fuera desacatada por una o más agrupaciones políticas.
En caso de un hipotético desacato y ante la alegada inexistencia de reglamentaciones precisas en la materia, la JCE solo tendría en sus manos sanciones de carácter moral, que de nada servirían en una sociedad con marcados rezagos en la agenda institucional y en la viabilización de buenas prácticas que se correspondan con una democracia de calidad.

Otra lectura sería que los partidos dominicanos asumieran la disposición como un desafío democrático y se limitaran al proselitismo a partir del momento en que la JCE emita la proclama para dejar abierta la campaña electoral. Pero esto resulta poco probable en las sociedades de Latinoamérica, que se caracterizan por un alto nivel de politización.
El estudioso español de las ciencias políticas Manuel Alcántara Sáez ha dicho que eso ha conllevado a que, en términos de percepción, muchos partidos políticos de América Latina sean observados en un marco de descrédito y de desconexión con los intereses de las sociedades en las cuales desempeñan sus roles.

En parte, se alega, que esa situación se presenta debido a que las élites que los dirigen tienen como objetivo fundamental su supervivencia, desconociendo que fueron concebidos como estructuras vertebradoras y de conexión entre la sociedad y el Estado en la materialización del principio democrático de contribuir a la satisfacción de las aspiraciones y expectativas sociales.

La principal preocupación de las élites políticas no parece ser la captación, articulación y satisfacción de las demandas ciudadanas, sino la expansión burocrática y la reproducción organizacional que garanticen su supervivencia. Lo cierto es que en diferentes partes del mundo se tiene la creencia de que los partidos políticos acusan, entre otras cuestiones, pérdida de credibilidad frente a sus respectivas poblaciones y falta de transparencia.

Si se aplicara, en este caso, la frase latina “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, que se traduce como “ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, entonces el Pleno de la JCE se la habría jugado con una cuestión loable, pero de difícil aplicación.