Es harto conocido que debido a la ausencia de otras inversiones viables, se ha tenido que invertir la mayor parte acumulada de los fondos destinados para futuras pensiones en los títulos emitidos por el Estado dominicano, llámase este Ministerio de Hacienda, Banco Central de la República Dominicana, o Banco de Fomento de las Exportaciones.

También es bien conocido que uno de los pilares del equilibrio macroeconómico que hemos disfrutado en el país han sido estas inversiones, las cuales mediante los títulos antes mencionados han podido absorber gran parte del endeudamiento interno en que se ha incurrido para sostener en parte los déficits fiscales continuos que viene adoleciendo la económica nacional.

Resulta que ahora andan circulando por diferentes medios varios proyectos que persiguen modificar la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social, y en una de sus tantas propuestas está la de que los ahorrantes para futuras pensiones puedan utilizar sus saldos acumulados para diferentes propósitos, como la adquisición de vivienda, necesidades de salud (si contribuyen a la seguridad social se supone tienen cobertura de salud) o educación.

Amén de si tal aberración a los propósitos de la existencia de un plan de pensiones es legítimo, conveniente y correcto, incógnitas que podríamos cubrir en otro de estos breves escritos, la retirada de una porción importante de los más de RD$$425 mil millones, digamos el 30 % en el primer año, o sea unos RD$140 mil millones, provocaría la necesidad de enormes emisiones inorgánicas, con la consecuente secuela inflacionaria y rompimiento del equilibrio macroeconómico actual.

Solo esta consideración obliga a que el planteamiento de reformas para una ley de tanta trascendencia social y económica tenga que realizarse con mesura, consultando no solo a los aportadores, trabajadores y patronos, y el sector publico social, sino que hay que ampliar las bases de consulta al sector financiero público, entre muchas otras entidades.