Un titular reciente atribuye al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo el haber pronunciado una conferencia en la cual advertía que en el país se estaría creando un escenario de insostenibilidad fiscal que podría generar problemas a todos; por ello la necesidad existente de procurar un pacto fiscal para solucionar el creciente nivel de endeudamiento para cubrir los gastos gubernamentales, incluyendo las necesidades sociales y de infraestructura.

Vistas las declaraciones oficiales de otros voceros gubernamentales, del mismo rango en el gabinete presidencial, de que no habría elevación en la tasa del ITBIS, ni mayores tasas en los impuestos directos, queda claro que el reto para lograr él tan mencionado pacto fiscal radica en dos alternativas básicas.

La primera es la incorporación a los esquemas fiscales del enorme sector informal que hoy en día representa el mayor porcentaje de la actividad económica de la nación.

En este sector, a quienes el ministro de Trabajo le atribuye mejores condiciones salariales básicamente debido a la evasión de las obligaciones de cubrir los impuestos directos y los aportes a la seguridad social, reina todo tipo de evasión: desde el cumplimento de las ordenanzas municipales, de salud pública y laborales, hasta los impuestos por las rentas personales y empresariales, entre otros.

El segundo desafío radica en la racionalización de los esquemas de exenciones creados oportunamente en el tiempo como incentivos para impulsar determinada actividad como el caso del turismo, las zonas francas o el cine, o aquellas establecidas para no lesionar el poder adquisitivo como el caso de los combustibles utilizados para generar electricidad.

Nadie habla del gasto público, su racionalidad o eficiencia. Es tiempo ya que las propias autoridades se pongan de acuerdo y presenten sobre la mesa del diálogo una propuesta de manera que podamos dejar las quejas atrás, y fajarnos en procura de soluciones antes de que se agraven aún más los problemas fiscales y de endeudamiento.