Santo Domingo.-Tras haber dedicado sus años “mozos” a la vida sindical, Rafael (Pepe) Abreu y Gabriel del Río Doñé tienen hoy más que claros los principales escollos que afectan a la clase obrera dominicana, entre ellos aspectos como la inmigración descontrolada.

Para ambos la entrada sin control de extranjeros crea dos problemáticas graves contra los trabajadores criollos: deprime los salarios y dificulta las posibilidades de empleo.

Esto no es más que el resultado de la sobredemanda producida por el fenómeno. “No podemos tener los inmigrantes que el país no necesita”, argumentó Del Río Doñé para reclamar mayores controles.

Un 80-20 al revés

El planteamiento fue expuesto tras resaltar que la ley que plantea que el 80 % de los trabajos debe ser para mano de obra dominicana y el restante para la extranjera se cumple a la inversa.

En sectores como los bananeros y construcción, entre otros, es donde más se evidencia la problemática, los cuales están siendo ocupados mayormente por indocumentados.

Entre esos nacionales extranjeros citó la histórica mano de obra haitiana y ahora la venezolana que penetran al mercado, donde son remuneradas por debajo del salario que aceptaría un dominicano.

El sindicalista reveló que durante el año 2017 paralizaron por dos días las labores en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, porque el consorcio Odebrecht estaba contratando mano de obra brasileña y mexicana en las labores calificadas, en detrimento de los técnicos nacionales.

“La inmigración hay que controlarla y debe ser en función de las necesidades que tenga el país”, explicó Abreu, quien preside la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Conversión de empresas

Mientras pasaba balance, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) también mostró preocupación ante el creciente número de empresas que se acogen a la figura de Zona Franca Especial.

Explicó que aparte de ser beneficiadas con incentivos fiscales, estas empresas están regidas por leyes que ubican su salario mínimo muy por debajo del de las empresas fuera de esas legislaciones.

“Ahora mismo en las empresas grandes el salario es RD$15 mil y en las zonas francas es de RD$10 mil a partir de enero”, especificó.

No cederán en reforma

Los dos activistas, que iniciaron su labor poco después de la caída de Rafael Trujillo, expresaron que cualquier modificación al Código de Trabajo debe ser realizaba para beneficio de los trabajadores.

Al ser entrevistados en el programa Cuentas Claras, que se transmite de lunes a viernes por La Nota 95.7 FM, indicaron que hay cuatro puntos en los que aún no logran ponerse de acuerdo.

El más neurálgico de todos es el tema de la cesantía laboral. “El derecho a la cesantía es un derecho innegociable para el sector sindical”, reiteró Abreu.

Dijo que son inviables las posibilidades planteadas hasta el momento por algunos empresarios, entre las que citó el pago gradual de la misma.

Libertad sindical

Tanto Abreu como Del Río fueron enfáticos al afirmar que la clase empleadora violenta las leyes para impedir la conformación de sindicatos en las empresas.

Indicaron que cada vez que se evidencian acciones de organización se producen despidos injustificados contrario al derecho consagrado en la Constitución.

“Los trabajadores tienen miedo a organizarse por temor a ser despedidos”, criticó Del Río.

De su lado, Abreu indicó que las multinacionales son las empresas que más han influido en reprimir la libertad sindical.

58 % ronda la informalidad de los empleos en el país, según afirmaron Abreu y Del Río Doñé.

4 puntos de más de 700 que toca el Código de Trabajo son los conflictivos en las discusiones.

Crecimiento

Los dos representantes sindicales indicaron que es incomprensible que en el país se exhiba un crecimiento económico y que la pobreza también continúe su crecimiento, por lo que plantearon la necesidad de mejores salarios para los empleados.