La ineficiencia administrativa y la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales siguen afectando nuestra capacidad competitiva.

De 137 países evaluados República Dominicana ocupa el puesto 130 en la escala de falta de independencia judicial e inseguridad jurídica, según el Índice de Competitividad Global 2017.

Esta situación no se resolverá sin un plan concreto de simplificación de procesos administrativos, asignación de los recursos presupuestarios establecidos en la ley, sin autonomía funcional, administrativa y presupuestaria de Poder Judicial, sin uso masivo y eficiente de la tecnología e innovación para agilizar los procesos y sin el fortalecimiento de las capacidades de los jueces, en todos los órdenes.

Como dice el dicho inglés «Un juez tiene que ser un caballero y si sabe de derecho, mejor». Es necesario, pues, que los jueces sean íntegros y honestos, equilibrados, con coraje, experiencia y tolerancia, valores imprescindibles que, junto con la imparcialidad y la independencia, contribuirían a restituir la confianza en la justicia.

Son muchos los desafíos. Se deben impulsar más los sistemas alternativos de resolución de conflictos.

La demora en los tribunales no es solo una cuestión de recursos humanos, es una cultura: los retrasos son asumidos, afectando la agilidad de las transacciones comerciales y dificultando el acceso a la justicia.

Es imperioso encontrar el camino para hacer la justicia más accesible, con decisiones motivadas en derecho y en el menor tiempo posible, aún cuando sea necesario modificar varias leyes.

Del lado del tribunal las ineficiencias incluyen la falta de recursos humanos para dedicar el tiempo necesario a cada caso. También están las que son causadas por los abogados que buscan generar retrocesos en los procesos.

Para solo citar ejemplos, el sistema judicial está preñado de conflictos relacionados con el mercado de alquileres, resoluciones contractuales y demandas en responsabilidad civil, sin capacidad de respuesta oportuna por parte de los jueces, por la cantidad de procesos, en muchos casos, pero en otros por el desgano y la falta de compromiso de otros tantos jueces.

Sin jueces capaces, sin conciencia de su rol y sin un Estado eficiente y en capacidad de darle el apoyo que amerita el sistema judicial están en peligro nuestros derechos y libertades como nuestro patrimonio y nuestra competitividad.