El Informe Global de Competitividad 2018 (IDC) sigue reflejando avances y desafíos para la República Dominicana.

Para los fines de las mediciones a nivel nacional se toman en cuenta alrededor de 98 variables.
El Gobierno dominicano utiliza mucho estos indicadores y estadísticas para medir el rendimiento de sus funcionarios y monitorear eficazmente el cumplimiento de las metas programáticas, cuando de políticas públicas se habla.

Cabe destacar que hemos mejorado en términos de posicionamiento en relación a otros países, como es el caso de la labor activa de la mujer en el mercado laboral, pues somos el tercer país en el mundo en darle participación a la mujer en el mundo laboral.

Un crecimiento sostenible inclusivo conlleva a analizar continuamente aquellas áreas en las que podemos mejorar, así como también la identificación de nuestras fortalezas, de manera que podamos optimizar los recursos de que disponemos y mejorar la calidad de vida en nuestro país.

Debemos seguir incentivando el desarrollo de los sectores productivos. Muestra de ello es que somos el país número 82 entre 137 economías en competitividad.

Esto se debe, en gran medida, a la sinergia entre el sector público y sector privado, reducción de la burocracia estatal, facilitación del comercio, apoyo a las exportaciones e inversión de capital en innovación.

El Gobierno dominicano ha decidido enfocarse en incentivar el turismo, la industria nacional, las exportaciones, la agricultura y la minería.

Según el IGC somos la economía número 12 en América Latina, superando a países como Ecuador, Guatemala y Honduras.

Siempre que nos enfrentamos a grandes retos, como el de la competitividad, el plan de ejecución debe contener los aspectos que serán priorizados, impulsando el dinamismo y un cambio real para bien de todos.

Estas noticias son alentadoras. Sin embargo, no nos pueden dejar olvidar los temas estructurales e institucionales pendientes, que deben marcar decididamente las políticas de desarrollo del país, para seguir atacando en sus raíces el problema de la pobreza.

De lo contrario, la sombrilla del crecimiento solo beneficiaría a pocos sectores y a una minoría, lo que contraviene las obligaciones del Estado de defender y proteger, en igualdad de oportunidades, los derechos de todos los dominicanos.