El acceso a las telecomunicaciones es una de las nuevas variables que se toman en cuenta para medir la calidad de vida y el nivel de desarrollo de los ciudadanos de un país.

En los tiempos actuales estos servicios son parte de las necesidades básicas del ser humano.

Las telecomunicaciones son fundamentales en materia de inclusión o educación. Igual ocurre en los planes de mejoras de la competitividad de los entes productivos del país.

Sin embargo, en ocasiones pareciera que actores de órganos del Estado creen que todavía el acceso a las telecomunicaciones es un lujo, que la banda ancha solo sirve para el ocio o que los teléfonos celulares son caprichos de ricos.

Solo eso explica que los servicios de telecomunicaciones estén gravados con un 10 por ciento de Impuesto Selectivo al Consumo, figura impositiva que se utiliza para artículos de lujo o cuando se quieren desincentivar algún bien y servicio.

En adición tiene la carga del Itebis y un dos por ciento para el desarrollo de las telecomunicaciones.

Es decir, que las telecomunicaciones tienen una carga impositiva directa de un 28 por ciento que se le carga al consumidor final.

Fijar nuevas cargas impositivas sería actuar en la dirección contraria al fomento, mejora y expansión de las telecomunicaciones.

Nuestros legisladores deben tomar en consideración que desde hace tiempo las telecomunicaciones no son un lujo, sino uno de los servicios básicos para los seres humanos.