Nada resulta más trascendente para el bienestar colectivo de un Estado en vía de desarrollo, como es el caso de la República Dominicana, que contar con una educación que responda a los estándares mínimos de calidad exigidos en el mundo actual.
La calidad de la educación, una expresión en constante evolución y en construcción permanente, requiere de la inversión de cuantiosos recursos económicos que en los países pobres siempre escasean; situación que obliga, incluso, a los gobiernos a desatender otras necesidades sociales prioritarias.
Luego de muchos años de reclamos de parte de diversos sectores de la sociedad dominicana, desde el año 2013 se cumple con el mandato de la Ley General de Educación 66-97 que establece la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria, el cual ha ido aumentando, debido a que el país ha venido liderando el crecimiento económico de América Latina.
Una mirada a la evolución presupuestaria del Ministerio de Educación refleja que se asignaron en 2004, RD$12,778; 2005, RD$17,091; 2006, RD$19,860; 2007, RD$24,932; 2008, RD$26,989; 2009, RD%33,359; 2010, RD$37,428; 2011, RD$45,832; 2012, RD$58,524; 2013, RD$99,648; 2014, RD$109,170; 2015, RD$119,363; 2016, RD$129, 874; 2017, RD$142,999; y en 2018, RD$153,495. Se puede notar el salto a partir de 2013, inversión que debería haber contribuido a reducir los principales déficits operativos y pedagógicos, y con eso haber dado señales de mejoras en la calidad educativa.
Conforme a la normativa dominicana, la educación debe cumplir con una función social, que procure que los estudiantes sean capaces de participar en la sociedad con una conciencia crítica frente al conjunto de creencias, sistema de valores éticos y morales propios del contexto sociocultural en el cual se desarrolla, y convertirlos en sujetos activos, reflexivos y comprometidos con la construcción y desarrollo de un Estado basado en la solidaridad, justicia, equidad, democracia, libertad, trabajo; así como el bien común, como condición que dignifica al ser humano.
Mientras que en lo formativo se exige que nuestros educandos aborden el conocimiento con mayor grado de profundidad, por lo que se debe impulsar el desarrollo de experiencias tendentes al razonamiento, a la solución de problemas, al juicio crítico y a la toma de decisiones que los prepare como entes activos y productivos para enfrentar las tareas que les corresponda desempeñar.
Aunque se alegue que no ha pasado el tiempo necesario para ver los frutos de mejoras en la calidad de la educación, al menos ya deberían notarse señales positivas en esa dirección. A mi juicio, las designaciones de titulares de Educación sin la referencia histórica necesaria y carentes de una visión cabal del quehacer educativo, podría generar atrasos significativos en la materialización de esa aspiración de la sociedad dominicana.
Acción Empresarial por la Educación (Educa), recientemente dio a conocer un documento en el que alerta lo siguiente: “Llega el tiempo ahora de pensar en la calidad de los procesos, las propuestas pedagógicas y las estrategias de innovación para las generaciones que ingresan al sistema educativo, pero también aquellas que permanecen arrastrando una baja inversión previo al año 2013”.
Un país como el nuestro, en que la presión tributaria de apenas el 14% no genera las recaudaciones suficientes para atender las prioridades sociales, debe repensar seriamente si la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria ha valido la pena.
No planteamos que se retroceda en esta conquista social, pero sí que esos recursos económicos sean optimizados y orientados a una mejora sustancial de la enseñanza en el país.
