El sistema eléctrico ha sido un dolor de cabeza permanente para la población dominicana. La capitalización, que en términos reales ha derivado en una privatización, no ha parado la sangría financiera que ha representado el servicio eléctrico para el país.

En verdad hoy se dispone de una generación capaz de suplir la demanda nacional, pero lo que en 1999 era un subsidio de 200 millones de dólares, hoy representa cerca de 700 millones proyectado al término del presente año.

La estructura de negocios luce desventajosa para el Estado.

Cuando pensábamos que teníamos un sistema estable, independientemente de su impacto negativo en el Presupuesto Nacional, descubrimos que estamos a ley de un rayo para que se desequilibre, trayendo consigo los odiosos apagones y un cuantioso incremento de la ya desproporcionada carga económica.

El Gobierno ha apostado a la construcción de dos plantas de carbón, Punta Catalina, para aumentar la generación y reducir los precios a los que las estatales empresas distribuidoras compran la energía.

Pero independiente de la ejecución de ese proyecto, el sector privado tendrá un gran peso en la generación.

Por eso hay que hacer lo que sea necesario para que las ganancias de los generadores no excedan los límites de lo razonable y que se garantice un servicio estable.