El apresamiento del dirigente popular mocano Juan Comprés demostró una vez más la ola de corruptela, abusos y atropellos que existe a lo interno de la Policía Nacional, la forma arbitraria en que se manejan y como lejos de cumplir su misión de salvaguardar y defender los derechos de la ciudadanía, hacen todo lo contrario.
Por el delito de denunciar la corrupción, la impunidad y protestar contra todas las injusticias cometidas por el gobierno que encabeza Danilo Medina, “Guanchy”, como es conocido popularmente el activista, fue apresado sin que se siguiera el debido procedimiento, les colocaron droga y les aplicaron las clásicas enseñanzas de la escuela Trujillo-balaguerista, la tortura.
Lo narrado parece sacado de algún libro de Historia, un hecho ocurrido en uno de esos países donde aún existen regímenes dictatoriales o de una de esas épocas donde solo reconocía “El poder del jefe” pero créanme, sucede en República Dominicana en pleno siglo XXI bajo el Gobierno de un presidente que vocifera a los cuatro vientos ser un abanderado de la democracia.
El certificado médico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) revela que Comprés fue golpeado mientras estaba detenido, un video captado por una cámara de seguridad del entorno parece indicar la colocación de la droga y la no existencia de un representante del ministerio público al momento de la detención pone de manifiesto lo arbitrario de ese arresto.
Con todas esas violaciones a los derechos de una persona detenida, la única respuesta que ha dado la Policía fue la suspensión de los tres agentes que participaron en el arresto, pretenden que creamos que esos oficiales; todos de bajo rango, actuaron por cuenta propia y no por órdenes superiores.
El movimiento social esta vez actuó como estaba llamado a hacerlo, logrando la libertad de Guanchy, pero esta pequeña victoria no debe ser excusa para conformarse, ahora es necesario separar de las filas policiales o del tren gubernamental a quienes mandaron a poner la droga, a los que la pusieron, a los policías torturadores a quienes ordenaron las torturas. La soga no debe seguir cortándose por el lado más estrecho, todos los mencionados deben pagar con cárcel los delitos cometidos.
Es cierto, Guanchy está en libertad pero ¿quién paga los daños, los golpes recibidos, las horas de angustias tanto de él como de los suyos?
Lo peor de todo es que lo sucedido al dirigente popular les pasa a diario a jóvenes de nuestros barrios, a esos que no tienen apellido sonoro ni un título universitario. Para los ninguneados que habitan Capotillo, Gualey, Guachupita o Cristo Rey, la colocación de drogas y otras injusticias son parte de su cotidianidad.
