SANTO DOMINGO.-  El Gobierno dominicano rechazó este jueves  la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.

«El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia de 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna»,  precisó el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, al dar lectura a la declaración del Gobierno en la que fija su posición sobre la sentencia del CIDH que ordena a la República Dominicana que modifique su Constitución para permitir que puedan adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en este territorio.

Dijo que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el Gobierno manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. «Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano», sostuvo.

«El Gobierno reiteró  su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad», indicó.

Expresó que el Gobierno entiende además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.

«Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación», sostienen las autoridades dominicanas en su declaración.

Agregó que es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta en materia de documentación.

«Las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas», enfatizó.

Rodríguez Marchena refirió, al leer el documento,  que esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con el Gobierno dominicano sobre el terreno para la implementación de soluciones.

Mencionó entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en República Dominicana, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.

Texto íntegro de la declaración del Gobierno dominicano sobre la sentencia de la CIDH

De la misma forma, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.

El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.

Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias.Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.

Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respetopor los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación.

Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.

Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones.

Cabe mencionar entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.

Asimismo, como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea.

Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud,transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.

Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.

Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino.

Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.

Por todo lo anterior, el gobierno de la República Dominicana sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica de nuestro país.

En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación,en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.

Finalmente, debemos recordar que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.

Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010,las sentencia TC 168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.

En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana.