Gobierno lleva a la OEA lista de actos ilegales en Registro Civil

Gobierno lleva a la OEA lista de actos ilegales en Registro Civil

Gobierno lleva a la OEA lista de actos ilegales en Registro Civil

Santo Domingo.-Como parte de su defensa contra la demanda presentada por  varias organizaciones con sede en República en el país de Estados Unidos, el Gobierno dominicano presentó ayer por ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una lista de irregularidades y actos ilegales cometidos con documentos del Registro Civil, que incluyen casos relacionados con deportistas.

Los documentos fueron presentados por el embajador dominicano por ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín, quien encabeza la delegación que compareció a la sesión convocada por la CIDH para conocer los supuestos casos de desnaturalización cometidos por el país contra hijos de inmigrantes haitianos.

 Saladín negó que exista una política de desnaturalización, sino una acción encaminada a atacar el fraude en la obtención de documentos, como actas de nacimiento, a fin de contar con un Registro Civil  depurado, transparente y confiable.

Explicó que las nuevas leyes han permitido detectar irregularidades en actas de nacimiento que fueron adulteradas por deportistas para ingresar como menores de edad a equipos profesionales de béisbol de las Grandes Ligas.

Observó que ninguna de esas instancias involucró a ciudadanos dominicanos de origen haitiano, lo que indica que las leyes dominicanas no están dedicadas a un grupo determinado.

“No existe una política de Estado discriminatoria contra las personas que se encuentran en el territorio dominicano”, exclamó Saladín.

La denuncia se centra en una resolución de la Junta Central Electoral, la cual ordena no conceder documentación a quienes se hayan registrado en las oficialías civil cometiendo irregularidades.

No obstante, Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aseguró que un muestreo reciente evidenció “un impacto desproporcionado e injusto sobre la población de origen haitiano”.

En tanto María                 Adames, del Movimiento por un Registro Civil libre de Discriminación, dijo que las acciones del Gobierno equivalen a un “genocidio civil”. Solicitó a la CIDH visitar el país para que vea de cerca el problema.



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