El uso de sustancias químicas letales para finalidades domésticas ha de estar prohibido, cuando no regulado por la sanidad pública en cualquier nación o Estado civilizado, a estas alturas del siglo XXI.

Claro está, menos en la República Dominicana, donde las leyes son letra muerta, balbuceos demagógicos de simuladores politiqueros, y los derechos individuales un escaso privilegio. 

Si la igualdad, la libertad y la fraternidad son los tres grandes derechos que la Revolución Francesa legó a la humanidad, el respeto por la vida ha de ser el cuarto derecho universal que esa revolución, la Ilustración y todas las luchas sociales y los grandes ideales humanísticos han enarbolado a través de la historia.

Atacar insectos xilófagos con químicos de alto riesgo, sin explicar a los vecinos del edificio y sin consultar a profesionales o a las autoridades competentes, pudo haber acabado con la vida de mi hijo mayor y de su esposa, apenas cumplido un año de su matrimonio, y en la presunta seguridad y tranquilidad de su hogar, mientras dormían.

El uso indiscriminado para fines domésticos de productos tóxicos y con expresa indicación de la no existencia de antídotos, como el UPL (Phosgas Tabletas 56.8 FT. Fumigante-Fosfina Fosfuro de Aluminio) y el IMIDAN 20 SC (Insecticida-Acaricida-Termiticida. CloronicotiniloImidacloprid) constituye un atentado contra la vida humana.

La penetración por ductos y tuberías de la aplicación de esos químicos en el apartamento de uno de mis hijos, como resultado del uso irracional de estos en el apartamento superior, en su edificio del sector Bella Vista, pudo haber significado la pérdida irreparable de dos vidas jóvenes y útiles a la sociedad, además de una inmensa tragedia familiar.

La empresa de arquitectos que remodela el penthouse del lado este de ese condominio permitió usar esos químicos tóxicos a la compañía fumigadora, un tanto fantasma, provocando el internamiento urgente en cuidados intensivos del Cedimat de mi hijo de 29 años y su esposa de 28, quienes siguen tratamiento por quinto día consecutivo y monitoreo constante de hígado y riñones, ya en casa, luego de descartarse problemas en otros órganos.

La actuación rápida de los directivos y médicos especialistas del Cedimat, que consultaron a un centro de intoxicaciones en Atlanta, Georgia, EEUU, para obtener de su experiencia y análisis de los productos químicos las recomendaciones pertinentes para el tratamiento clínico, evitó un mayor riesgo en la salud y la vida de nuestros hijos.

La sustancia química letal fosfito de aluminio, aplicable solo a plantaciones agrícolas, se caracteriza por afectar los órganos vitales del cuerpo humano.

Y, léase bien, no existe antídoto contra ella, presente en los productos señalados, lo que refleja su extrema delicadeza para el uso en sembradíos, y nunca en hogares.

Peor aún, su detección no es precisa, como por ejemplo la de un escape de gas propano, sino que actúa mortalmente a la sombra y en siniestro silencio.

Esos productos no están permitidos en sociedades civilizadas -la nuestra parece no llegar a ese estadio-, a no ser en plantas y bajo controles estrictos y asesoría profesional. Abogo ante los sectores sensatos de la sociedad y las autoridades de ProConsumidor, los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, contando con precedentes peores como las dos muertes por estos productos o similares ocasionadas hace un breve tiempo en un centro de veraneo de JuanDolio, afectando a una familia muy querida, el uso de esos químicos sea prohibido o rigurosamente regulado.

Es un reclamo mínimo en defensa de la vida, un derecho absolutamente inalienable en una sociedad democrática, moderna y civilizada.