Restauración, Dajabón.-Eran las 10:02 de la mañana cuando el agricultor Juan Rodríguez, propietario de una parcela de poco más de 200 tareas, ubicada en este municipio fronterizo con la República de Haití, llegó a sus terrenos de relieve montañoso con rostro de pocos amigos.

El responsable del grupo de diez haitianos, incluyendo un niño, entendió de inmediato el mensaje gestual: su patrono no estaba dispuesto a pagar el jornal a tantos trabajadores.

La actitud resultaba comprensible desde el punto de vista económico, porque las plantaciones de café, plátano, yuca y mangos de la parcela apenas alcanzan para la subsistencia.

 Pese al estado de ánimo existente, iniciaron una conversación en creole, la segunda lengua oficial de Haití:

-Bon jou, mésié (Buenos días, señor).

-¿Kouman nou yé? (¿Cómo están ustedes?).

-Pa pi mal. ¿E ou minm? (Regular.  ¿Y usted?).

 La conversación continúa en la referida lengua hasta que el patrono recrimina al capataz por haber traído ese número de sus compatriotas, en vez de dos o tres. Una vez el propietario se aleja unas decenas de metros, el haitiano sonríe y dice a sus compañeros:

-Min anpil, chay pa lou (Muchas manos hacen que la carga no sea pesada).

 Muchos de los habitantes de las comunidades que conforman la franja fronteriza, en ambos lados, se sustentan de las actividades agrícolas, mediante sistemas cuasifeudales. Esto  provoca unas relaciones, aunque no exactamente de iguales, muy estrechas entre propietarios y jornaleros.

  A través de décadas, esa relación ha hecho que muchos dominicanos en las provincias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales puedan comunicarse con los haitianos en los idiomas creole y español sin mayores dificultades.

Igual ha sucedido con pobladores haitianos de Tirolí, Anse Prite, Ouanaminthe y Belladére, poblaciones haitianas del norte y del sur próximas al territorio dominicano.

 En la frontera se podría decir que una parte considerable de ambas poblaciones ha superado mínimamente la barrera idiomática, gracias al vínculo de las relaciones laborales agrícolas y del intercambio comercial binacional. Sin embargo, esto contrasta con el “analfabetismo ambiental”, que representa una constante.

Una seria amenaza

 El “analfabetismo ambiental” constituye una realidad expresada en la tala indiscriminada de árboles para habilitar espacios destinos a cosechas de rubros agrícolas de corto y mediano ciclo a lo largo de toda la franja fronteriza. 

También hay incursiones marítimas, como el caso los haitianos que llegan hasta cayos Los Siete Hermanos, en Montecristi, donde recogen huevos de bubíes, preparan alimentos, realizan pesca  ilegal y dejan plásticos y otros desperdicios nocivos para el medio ambiente.

“La cuestión es cómo sobrevivir sin agredir el medio ambiente”. planteó el agricultor Ramón de los Santos, quien tiene sus predios en La Peñita, próximo al río Masacre.

La parcela de  Rodríguez, sin que sea el peor de los ejemplos, representa una muestra de las situaciones poco amigables entre seres humanos y naturaleza.

          Mientras que al cruzar la mirada hacia el otro lado de la frontera, en la población haitiana de Tirolí, el fenómeno resulta peor, a pesar de que  brigadas del Plan Nacional Quisqueya Verde, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana ha plantado más de 400 mil árboles, como parte de los esfuerzos que se realizan para reforestar las áreas devastadas por la tala indiscriminada.

          El Gobierno dominicano ha reforestado la zona con pino, mango, tamarindo, cajuil y otras variedades, y asume el pago mensual a los trabajadores.

Una salida

 Conscientes de la situación, las autoridades ambientales dominicanas han ejecutado iniciativas, y otras se llevan a cabo actualmente, en procura de proteger los recursos naturales y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona fronteriza.

  En Dajabón figura el proyecto Forestal Santa Clara, que genera decenas de empleos y riquezas al municipio de Restauración, además otro en Macacías, provincia Elías Piña, el cual contempla actividades forestales, mejoramiento de viviendas y el desarrollo de la piscicultura.

El financiamiento proviene del gobierno de Taiwán.

Mientras que el Corredor Biológico del Caribe se inició el 10 de junio de  2007, a partir de la Declaración de Santo Domingo firmada por los ministerios de Medio Ambiente de República Dominicana y de Cuba y la Oficina Regional   para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En esta declaración se establece que el Corredor Biológico debe facilitar la relación ser humano-naturaleza en un espacio geográfico delimitado, que proporcione conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas, contribuyendo al mantenimiento de la diversidad biológica, de los procesos ecológicos esenciales y evolutivos, los servicios ambientales y el desarrollo sostenible.

El mismo busca, entre otros aspectos, compilar el conocimiento existente y determinar las brechas que afectan las conexiones biológicas entre las islas, observar los criterios e indicadores para definir el trazado del corredor, ponderar los núcleos esenciales de conservación del corredor y elaborar o completar sus planes de manejo e identificar los proyectos acciones e instituciones que tienen actividades dentro del área  del Corredor Biológico.

 Asimismo, delimitar el espacio geográfico del corredor a partir de definir indicadores y criterios a tomar en cuenta, completar los vacíos de conocimientos indispensables para el funcionamiento efectivo del corredor y determinar las amenazas y elaborar propuestas para su solución o mitigación; existen algunas ya bien determinadas que pueden ser objeto de trabajo en paralelo.

En este caso se encuentra la amenaza por deforestación en Haití y la necesidad de una estrategia energética.

Otros proyectos de mejoras

Otro proyecto es el denominado Masacre-Pedernales, en el marco del Programa Frontera Verde, en la comunidad haitiana de Dosmond, con el apoyo del Gobierno de Noruega por un monto de 12 millones de dólares.

También se ejecuta, a través de una donación de 465,000 dólares del  gobierno de Taiwán,  el Proyecto de Restauración Ambiental y Social de la Subcuenca del Río Cortico”, el cual permitirá mejorar las condiciones de vida de pobladores en comunidades de la Sierra Baoruco Oriental.

Mediante el mismo se realizan actividades de reforestación, de producción de miel de abeja y manejo de control de incendios forestales.

 Hay que esperar si esas iniciativas, sumadas a una campaña permanente de “alfabetización ambiental”, se imponen a la cultura de sobrevivencia  que ha imperado en la frontera domínico-haitiana.