Conforme a las normas vigentes, en nuestro país existen cuatro órganos de control: el Control Interno, ejercido por la Contraloría General de la República; el Control Externo, ejercido por la Cámara de Cuentas de la República; el Control Legislativo o político, por el Congreso Nacional, y el Control Social, por la sociedad.

A pesar de que el fundador de la República, el patricio Juan Pablo Duarte y Diez se convirtió en el primer dominicano que presentó una rendición de cuentas a la nació, sin que existiera una ley o alguien que se lo exigiera, en nuestro país, todavía no se tiene arraigada una cultura de rendición de cuentas por parte de quienes manejan fondos públicos, a pesar de que existen leyes y organismos de control que la exigen.

Todo el que administra recursos públicos debe tener siempre presente que hay que rendir cuentas de ellos al país, informando lo que se recibió, cuándo, cómo y en qué se gastaron o invirtieron; cómo se administraron dichos recursos y si se hizo atendiendo a las demandas de las obras y servicios que la ciudadanía requiere, no a caprichos personales.

Pero no basta con solamente informar, se requiere, además, que todas las transacciones efectuadas se hayan realizado de forma correcta y transparente, esto es, cumpliendo con todas las leyes, normas, decretos, reglamentos, resoluciones y procedimientos exigidos para cada caso, que estén soportadas por documentos fehacientes y confiables, para que al momento que sean fiscalizadas se evidencie tal situación.

En esto consiste el principio de transparencia, es decir, que se puedan observar todos los procesos que se llevaron a cabo en una transacción.

En un país con una cultura de transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos públicos por medio de las auditorías debe ser vista como algo normal y hasta saludable para una administración; no debe a nadie generarle preocupación, pues al inicio de una gestión se debe saber lo que se recibió, por igual, al concluir la misma, se debe saber también lo que se dejó, y esto solo lo determina la realización de una auditoría gubernamental.

Desgraciadamente, por la carencia de ésta, cuando una institución va a ser fiscalizada, de inmediato surgen los rumores de que hubo actos de corrupción administrativa, pues existe la percepción de que sólo éstas deben auditarse, sin embargo, esto debe verse como un ejercicio normal del órgano de control de que se trate.

El flagelo de la corrupción administrativa es un mal universal, globalizado, que nos afecta a todos, a unos más que a otros, que debe ser combatido y enfrentado no solo por los organismos de control, sino por toda la sociedad, con los medios que cada quien tenga a su alcance.