Panamá.- La Fiscalía de Panamá informó hoy de que el hermano de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, rindió esta semana declaración por su presunta implicación en la compra de un helicóptero confiscado en el caso de los sobornos de Odebrecht y que lo volvió a citar.

Raúl De Saint Malo acudió a comparecer a principios de esta semana “de forma voluntaria”, pero tendrá que volver a la Fiscalía “en fechas próximas” para ampliar su declaración, ya que esta “no ha concluido”, explicó este miércoles el Ministerio Público en un comunicado.

Al empresario y hermano de la canciller panameña se le vincula con la emisión de un cheque de 1,9 millones de dólares con el que supuestamente la familia del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) pagó parte del helicóptero, retenido hace un mes.

La Fiscalía de Panamá investiga si la nave, que tiene matrícula N1626L y es propiedad de uno de los hijos del exmandatario, Luis Enrique Martinelli, se compró para blanquear dinero procedente de los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht, algo que la familia niega rotundamente.

En Panamá, la Fiscalía adelanta seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, sobre los que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.

El Ministerio Público les acusa de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora Odebrecht, y a los que hasta ahora se les ha confiscado dos cuentas bancarias en Suiza, una cuenta y un apartamento de lujo en España y el helicóptero.

También fue imputada por este mismo caso la abogada de la familia, Evelyn Vargas, que se entregó a la Interpol en México el pasado febrero y se encuentra en detención preventiva desde entonces por supuestamente haber ayudado a lavar dinero de Odebrecht a los hijos de Martinelli.

Según la prensa local, fue la propia abogada la que señaló la existencia de este helicóptero durante su declaración en la Fiscalía.

La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.