Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que los debates electorales comportan una práctica eminentemente democrática, en tanto se celebren de forma plural y en condiciones de igualdad.

Son eventos que se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras)^, la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas (que deben guiar a quienes dirigen los debates), la libertad de expresión y el derecho a la representación (que refuerzan los vínculos entre los candidatos y el electorado).

La doctrina comparada señala que, desde un punto de vista normativo, los debates entre candidatos son herramientas que mejoran “la calidad de la democracia a través de diferentes canales: por un lado contribuyen a la formación de un electorado más informado y racional y, por el otro, le brindan a los políticos la oportunidad de conseguir el consensode la ciudadanía”. Se han señalado, además, que este tipo de prácticas contribuyen a la “legitimación de las instituciones democráticas y a la sociabilidad política entre los electores.”

Los debates públicos en el torneo electoral son un fenómeno relativamente reciente en el continente Americano. El primer debate que se transmitió por televisión fue en Estados Unidos, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960.

Este encuentro histórico supuso el inicio de una tradición política norteamericana, donde los candidatos presidenciables, cada vez que hay una contienda electoral realizan una serie encuentros donde tratan política exterior, política interior y temas generales de vital importancia para los ciudadanos.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, esta práctica en su momento no se incorporó a la “cultura política institucional” latinoamérica. Los debates comenzaron a ser realizados en América Latina a partir de la “tercera ola” de democratización, es decir, después de la transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos.

Desde entonces se han celebrado debates en la mayoría de los países de la región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Haití, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador (en estos últimos tres países se han realizado de forma intermitente) y más recientemente en Argentina, con un debate efectuado en la segunda vuelta del torneo electoral.

En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90.