Para las elecciones congresionales y municipales de 2002 en el país aun era una novedad el voto preferencial. La población tendría la oportunidad de escoger a los diputados de su preferencia y romper con la dictadura de las listas cerradas que imponían las cúpulas de los partidos políticos.

En el Distrito Nacional, el Partido Revolucionario Dominicano llevó a Leonor Sofía Sánchez Baret como candidata a diputada por la circunscripción dos, y el Partido de la Liberación Dominicana llevaba a José Joaquín Bidó Medina como candidato a diputado en la circunscripción número uno.

Ambos, referentes de honorabilidad personal y de capacidad política en sus respectivas organizaciones.

Tuvieron en común que salieron entre los menos votados en cada uno de sus partidos, en una contienda en la que el elector estrenaba la modalidad de marcar su voto para el candidato de su preferencia.

Entonces vale la pena preguntarse qué tomó en consideración el elector: la honestidad, capacidad e historial político del candidato, la empatía personal con el aspirante o la doblegación ante prácticas clientelares.

Ahí es donde entra el marco legal, las reglas del juego, para participar en el torneo electoral.

La corrupción en la administración pública está estrechamente vinculada a la financiación de las campañas electorales, ya sea como pago a favores realizados en el pasado o previsiones para necesidades futuras.

Las campañas electorales son caldos de cultivo para la corrupción administrativa.