Falpo solicita sometimiento judicial de exmiembros de la JCE por compra escáneres

Falpo solicita sometimiento judicial de exmiembros de la JCE por compra escáneres

Falpo solicita sometimiento judicial de exmiembros de la JCE por compra escáneres

Santo Domingo.– El Frente Amplio de Lucha Popular solicitó hoy a la Procuraduría General de la República el sometimiento del expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y el resto de exmiembros  de la institución  por la compra de los escáneres con los que se realizó el pasado proceso electoral y que hoy se encuentran inservibles.

“Sabemos el desastre que significó la transmisión de resultados por parte de esos escáneres, la inmensa mayoría no funcionó o no tenían señal, además fueron comprado a un elevado costo que tuvo que pagar el Estado dominicano por unos aparatos que hoy día están inservibles. Por lo tanto, nuestra organización exige a la Procuraduría someter a los jueces responsables de esa estafa al pueblo dominicano”, demandó Grabiel Sánchez, vocero nacional del Falpo.

Sánchez consideró que aunque hay varios estamentos implicados en la aprobación de la compra de estos escáneres, como la Comisión de Veedores, los funcionarios administrativos que dieron su visto bueno, la mayor cuota de responsabilidad recae sobre el pleno de la JCE que conoció y aprobó ese contrato con una empresa mafiosa como INDRA.

Los escáneres fueron adquirido en la gestión de Roberto Rosario Márquez cuando fue presidente de la JCE a un costo de 39.7 millones de dólares, el equivalente a 1,900 millones de pesos a la tasa de cambio actual.

Un informe de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral establece que el desempeño de los equipos conforme a las expectativas contratadas fue muy pobre y que un 36 por ciento de los colegios electorales no pudo transmitir ningún datos y que aproximadamente un 58 por ciento del nivel C1 fue procesado de manera manual y que los mismos no están actos para ser usados en procesos futuros.

La empresa INDRA, que suministro los escáneres, fue investigada en España por corrupción y financiación de campaña de forma irregular al Partido Popular (PP).



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