Así se le denomina, popularmente, la autorización que reciben los legisladores dominicanos para importar sus vehículos de lujo.
Hay una posición interna, al menos en la Cámara de Diputados, con el propósito de eliminar las dos exoneraciones que reciben los congresistas. Ese privilegio, sin embargo, sería cambiado por otra forma de beneficio.
Uno que implicaría que mediante un proyecto de ley, o por algún otro procedimiento, los diputados, con apoyo económico del Gobierno central compren un vehículo, cuyo valor oscilaría entre 50 a 100 mil dólares.
No hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que de por medio hay, al menos, dos situaciones excepcionales de privilegio.
Primero, la Cámara de Diputados legislaría para su beneficio; y segundo, comprometería un presupuesto impresionante del Estado para especializarlo en la compra de una flotilla de vehículos.
Si la propuesta avanzara en la Cámara de Diputados, los vehículos serían comprados, a partir de 2020, con fondos públicos, no importa que para la compra los diputados aporten una parte del costo y la otra parte provenga de las arcas del Estado.
El dinero de ambas vías, en principio, saldrá de los impuestos que pagan los contribuyentes. De manera que votamos, sí, por la eliminación del régimen de exoneraciones abiertas, pero al mismo tiempo se debería valorar que cada legislador compre, con su sueldo, el vehículo de su preferencia.
