Algunos sectores de la vida nacional han abogado por una revisión de las exenciones tributarias,  con  la que yo también estoy de acuerdo. El Gobierno necesita recursos para ser invertidos en los sectores más necesitados del país. Pero, en modo alguno se puede distorsionar la limitación de las exenciones, y aplicar el refrán del “quítate tú para ponerme yo”.

Conforme el espíritu de la Constitución, el fin perseguido con el otorgamiento de las exenciones es bueno, veamos: “Art.244. Exenciones de impuestos y transferencias de derechos. Los particulares sólo pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional o para cualquier otro objeto de interés social.”

Atraer nuevos capitales bajo la prédica de: fomentar la economía nacional, o, cuyo objeto sea de interés social, hay que tener mucho cuidado, ya que no todos los proyectos o sectores califican para hacerse beneficiarios de estos privilegios. Hablar de interés social es establecer políticas públicas definidas y consensuadas con todos los sectores que inciden sobre el Estado, para que en nombre del interés nacional desistan de una parte de las exenciones, y de esa manera, el Gobierno pueda recaudar más fondos públicos y focalizarlos en obras de bien común.

En la actualidad, las exenciones, exoneraciones o la reducción de impuestos no tienen los controles más adecuados, ni mucho menos son publicadas por las instituciones gubernamentales que administran leyes que contemplan estos privilegios. Considero que el Gobierno debiera hacer un levantamiento de todas las exenciones tributarias existentes,  involucrar a la sociedad, y publicar el nivel de impacto positivo de cada una de ellas, para poder evaluar, si merecen mantener las mismas, o de lo contrario, disponer su eliminación.

Pueden hacer contacto con el Lic. Carlos Eduardo Tavárez Guerrero, llamando al teléfono: 809-274-8020, o escribiendo a: consultealjurista@gmail.com