Es a todas luces desproporcionada y una distorción del sentido de la medida de coerción, la decisión de una jueza de imponerle un mes de prisión preventiva a un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) que protagonizó un incidente con una fiscal adjunta.

La funcionaria en cuestión, una autoridad llamada a dar ejemplo en la sociedad, violó de manera olímpica la ley de tránsito al estacionar su vehículo sobre la acera mientras se arreglaba el pelo en un salón de belleza. También actuó de manera inadecuada cuando intentó arrebatarle el celular al agente de la Amet que grababa con ese aparato todo lo que acontecía, quizás con la intención de documentarlo.

El agente también se excedió en sus atribuciones al ordenar que una grúa se llevara el vehículo de la fiscal estando ella en el lugar de la infracción.

Una decisión del Tribunal Constitucional indica que la Amet no tiene facultad para incautarle vehículo a un ciudadano.

Como se puede ver, ambas autoridades actuaron de manera incorrecta y en ambos casos son pasibles de sanciones disciplinarias por parte de las respectivas instituciones a las que pertenecen.

Pero imponerle un mes de prisión preventiva al agente indica que la jueza ha olvidado que la medida de coerción no es un castigo previo.

¿Qué indicios hay de que ese miembro de la Amet se escapará del país para eludir cualquier acción judicial derivada del hecho en cuestión?

Aquí se ha actuado de manera injusta y arbitraria contra ese Amet, lo cual viene a sumar otra falta.