Bajo el pretexto de que sobra dinero en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con la injustificable complicidad de los representantes de los trabajadores, adoptó una resolución mediante la cual se reparte como botín sin dueño, la nada despreciable suma de diez mil millones de pesos entre el gobierno, los patronos y la cúpula sindicales representadas en este organismo.
Entre los servicios que la ARL debe garantizarle a los trabajadores está el de atención a los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La base de la administración del riesgo en salud es la reducción de las necesidades de atención y la demanda de servicios de salud a la población. Esto implica que además de garantizar una atención integral a las enfermedades, a la ARL le corresponde desarrollar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades, así como informar y orientar adecuadamente a los trabajadores para un manejo adecuado de su salud y los procesos de riesgos en que se ve involucrado.
Un repaso rápido a las estadísticas del desempeño de las funciones de la ARL, permite apreciar que de lo que se trata con la resolución de marras, es de la negación de servicios que constituyen derechos para los trabajadores/as y no de la acumulación de excedentes como se quiere presentar para justificar el reparto. Entre enero y octubre del 2010, existían 41 mil 671 empresas y un millón, 251 mil, 899 trabajadores/as afiliados.
A la misma fecha el número de accidentes registrados por la ARL era de apenas 13 mil, 841 casos; es decir, la ARL atendió un accidente por cada tres empresas y 1.1 accidente por cada mil trabajadores en cada mes. Mientras por enfermedades ocupacionales se atendieron en el periodo de referencia, 336 casos, equivalente a 0.3 por cada 10 mil trabajadores por mes.
Lo anterior pone de manifiesto la incapacidad o la inacción deliberada de la ARL de informar y orientar a los trabajadores/as para que accedan a los beneficios que por derecho la ley le consagra, situación que se agrava por las trabas y artimañas a la que recurre la entidad para negarle los servicios a los afiliados/as cuando tramitan sus reclamaciones.
Por ejemplo, decenas de maestros que han sufrido accidentes habiendo remitido sus expedientes a la ARL, les han negado los servicios aludiendo cosas tan elementales como que la licencia esta vencida. Lo propio ocurre con los casos de enfermedades ocupacionales que cualquier periquito se convierte un poderoso argumento para negarle el servicio.
No entiendo cómo se puede hablar de excedentes para autorepartirse el dinero de los trabajadores entre los tres sectores que conforman el Consejo Nacional de la Seguridad social, cuando los montos promedios de las pensiones por discapacidad y por sobrevivencia son de apenas 3,400 y 1,000 pesos respectivamente.
Si sobra tanto dinero entonces que se mejores los montos de estas pensiones evidentemente miserables para cualquier ser humano que haya dedicado los mejores años de su vida a servir al Estado o a las empresas privadas. Está claro que se trata de una acción ilegal que estafa a los trabajadores/as.
*Ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
