Madrid, España.- La presunta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, que motivó hoy la detención de doce personas, entre ellas Ignacio González, expresidente de la Comunidad (gobierno autónomo de la región), tiene ramificaciones en América Latina.

El juez que dirige la operación, Eloy Velasco, investiga supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Uno de los doce detenidos por la Guardia Civil es Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica y destituido hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en Latinoamérica.

Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora del diario nacional “La Razón”, apareció vinculado a varias sociedades creadas en Panamá, por lo que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sucesora de González, lo relevó entonces del cargo.

La propia Cifuentes, que declarará sobre este caso ante el juez como testigo, dijo hoy que tanto ella como su equipo de gobierno “están colaborando activamente con la justicia»).

El Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar diez empresas que el organismo había establecido en Latinoamérica, bien porque tenían poca actividad, bien porque la misma no era “razonable y compatible” con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable del Canal, Ángel Garrido, quien sigue en el cargo.

Entre las empresas clausuradas, Garrido destacó la radicada en Brasil, “Emissao Engenharia e Construçoes”, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba investigando por parte de las autoridades de la Comunidad.

Ante tal panorama, fue el actual gobierno autónomo de Cifuentes quien entonces llevó a la Fiscalía sus sospechas de irregularidades en la gestión del equipo que presidía su antecesor, Ignacio González.

El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.  

Además de los detenidos, el juez ha imputado al periodista Francisco Marhuenda, director del diario nacional “La Razón”, y al presidente del periódico, Mauricio Casals.

Según fuentes de la investigación, Marhuenda y Casals supuestamente presionaron a la presidenta de Madrid para que no denunciara las irregularidades en Canal que implicaban al consejero delgado de la empresa editora de “La Razón”, el ya citado Rodríguez Sobrino.

El principal detenido, Ignacio González, quien hoy causó baja como militante del Partido Popular (PP, en el Gobierno de la nación), fue el sucesor (entre 2012 y 2015) de la destacada política conservadora Esperanza Aguirre, quien estuvo al frente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012.

Las detenciones de hoy provocaron de inmediato una cascada de reacciones en el ámbito de la política española.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que las instituciones en España funcionan y “son la mayor garantía de que no hay impunidad».

Desde el primer partido en la oposición, el secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento, Miguel Ángel Heredia, mostró igualmente su satisfacción ante el hecho de que “la justicia funciona en este país».

La portavoz del tercer partido, el izquierdista “Podemos”, en la Asamblea de Madrid (parlamento regional), Lorena Ruiz-Huerta, dijo por su parte que las irregularidades que se estaban cometiendo en el Canal de Isabel II eran “un secreto a voces».

El líder nacional del cuarto partido, “Ciudadanos” (liberales), Albert Rivera, consideró que lo ocurrido es una muestra de que el PP “está en descomposición” en la Comunidad de Madrid y que esta misma fuerza política “tiene las mochilas cargadas de corrupción».

A última hora del miércoles, el juez que dirige las investigaciones sobre el Canal de Isabel II se trasladó a la sede de la Comunidad de Madrid para entregar las preguntas por escrito que ha de responder la presidenta Cifuentes en calidad de testigo.

También lo hizo, esta vez en persona, con otro testigo, el ya mencionado presidente del Canal y “número dos” de Cifuentes en el gobierno autónomo, Ángel Garrido.