Desde hace alrededor de una década que un amigo, con la agudeza de pensamiento que le caracteriza, me ha asegurado que el problema eléctrico no se resolverá en la República Dominicana sin irrespetar el Estado democrático de derecho.

Obviamente que nunca he pensado en hacerle caso, pero confieso que a partir de lo que está ocurriendo con el “deterioro” del sistema energético, la sociedad dominicana debe reflexionar seriamente porque intereses particulares quieren imponerse a los colectivos en medio de esta coyuntura.

No creo en lo fortuito. Me parece llamativa la salida de 300 megavatios de AES Andrés desde principios de mes, que no solo ha provocado inestabilidad en el precario servicio energético, sino también un aumento en el costo de compra de la energía, elevando el subsidio eléctrico que paga el Estado en 30 millones de dólares por cada mes que la generadora esté fuera.

Adelanto mis excusas por la ignorancia, pero jamás lograría comprender que una planta como esa pueda operar ante la amenaza de quedar fuera de servicio debido a una descarga eléctrica producida por un rayo, sobre todo porque, se supone, cuenta con una protección que debe corresponderse con su alta inversión económica.

No estamos hablando de una generadora cualquiera, se trata de una que aporta 319 megavatios.

Curiosamente, su salida y el anuncio de que en el futuro se haría lo mismo con otras; ocurre en el momento en que se inicia el proceso para el encendido de los generadores de la estatal Punta Catalina, que aportarán 752 megavatios.

Ahora más que nunca, reviste vital importancia para los intereses nacionales la decisión del presidente Danilo Medina de instalar esta planta.

La energía y agua son dos recursos estratégicos que cuando escasean colocan en aprieto a cualquier Estado, por lo que los administradores de turno, que son los gobiernos, tienen que adoptar las medidas que garanticen esos servicios a sus pueblos, sin importar enfrentamientos con sectores poderosos.

Retomando el planteamiento de mi amigo sobre el sistema energético, el mismo me ha llevado a pensar en los valores de la democracia, en el poder y en la política, cuyo abordaje en el siglo XXI ha cambiado mucho respecto a la lucha de intereses.

Por ejemplo, el político estadounidense Abraham Lincoln puso su mirada en la autoridad emanada de la voluntad popular, y por eso estableció que la democracia consistía en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; el filósofo francés Michel Foucault estimó el poder como una relación asimétrica que está constituida por dos entes: la autoridad y la obediencia; y en opinión del pensador griego Aristóteles, la política se conforma de saberes que conducen a una manera recta de comportarse los agentes humanos capaces de decidir libremente sobre sí mismos.

La situación llama a garantizar la gobernanza, entendida como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y construir las instituciones y normas necesarias que conduzcan a promover esos cambios.

La buena gobernanza incentiva la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado Democrático de Derecho, de manera que sea efecto, eficaz y duradero.

Los sectores involucrados en la problemática energética deben actuar de la mejor manera posible, priorizando el interés colectivo del pueblo dominicano. En caso de proceder de manera contraria, nos estarían entrampando de un corrientazo