Cuesta trabajo entender que fuera un “simple error” de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con tantos técnicos a su servicio e informantes en República Dominicana, utilizar informes desactualizados para someter a la República Dominicana en la lista de Estado estructurado para violar los derechos humanos.

Se entiende que el simple hecho de contemplar incluir por primera vez a un país en la llamada “lista negra” de los Derechos Humanos obligaría a una revisión profunda de los argumentos.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro ha admitido que la Comisión cometió una grave injusticia y que incluyó a RD sobre la base de “informes desactualizados”.

Esa revelación descalifica a los miembros de la Comisión, pues demuestran poco rigor o prejuicios o maldad al realizar un trabajo tan serio como el que la comunidad interamericana le ha encomendado.

Cualquiera que sea el caso no puede quedar en una simple “admisión de error” o declaratoria de que se actuó con “grave injusticia”.

El descrédito al que los miembros de esa Comisión han llevado a ese organismo perjudica a todos los ciudadanos de América, pues pierde calidad moral para llamar la atención cuando en verdad se producen violaciones a los Derechos Humanos.

La OEA tiene que salvar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del daño que le hacen los integrantes de la misma.

República Dominicana ha sido reiteradamente dañada por esa Comisión, por lo que es difícil atribuirlo simplemente a un error.