La impotencia, la incertidumbre y la desesperación nos abruman. La corrupción, la impunidad y los delitos violentos, sobre todo los atracos motorizados, tienen en shock a la población dominicana.

Esto último puede implicar hacer justicia con las propias manos, pero sus consecuencias son tan terribles como su objetivo.

Lo que no se puede permitir es que las leyes de convivencia esencial para mantener la estabilidad social y el crecimiento económico sean ignoradas por un pico en los índices de criminalidad.

El reto es para las autoridades de la justicia y del orden público. Los planes contra la criminalidad deben basarse en los datos y las informaciones más confiables posibles.

Deben ser implementados de forma progresiva, comenzando por áreas estresadas por la frecuencia delictual hasta aplicarlos en todo el país.

Debe enfocarse en los barrios, sectores, zonas de peligro y lugares con patrones de conductas criminales repetidos.

Pero el gobierno debe seguir trabajando en la reducción de las tensiones económicas entre clases sociales, con políticas públicas más redistributivas y de fomento y crecimiento de la clase media, con la consecuente reducción de la pobreza.

La intervención de fuerzas élites, militares y policiales, no dejan de ser necesarias. Delata sí que cada cierto tiempo hay picos de criminalidad y que seguimos tomando medidas provisionales que llevan tranquilidad momentánea a la población, pero que no resuelven en el tiempo la criminalidad violenta.

Con solo hacer el trabajo de campo –científico- necesario podríamos saber la regularidad, porqué, dónde y quienes y con qué comenten estos hechos.

Las respuestas del gobierno se repiten y quienes delinquen tienen similares patrones de espacio y tiempo.

Hemos fallado en la implementación de un plan integral de seguridad ciudadana y también en la recopilación y utilización de información objetiva, pero además en el entendimiento de que el fenómeno de la delincuencia no solo requiere una correcta política de detección, persecución y represión, sino sobre todo de prevención, teniendo en cuenta los factores de riesgos, la población, la ubicación geográfica y los focos delictivos.

La saturación militar y policial no deja de ser ahora necesaria, pero no es suficiente.

La población espera un plan de seguridad de corto, mediano y largo plazo y una definición de los liderazgos institucionales para ejecutarlo.