En el Gobierno hay calidad



Sin calidad no hay eficiencia ni eficacia. La preocupación por medir el impacto de las políticas gubernamentales empieza por asegurar la calidad de los procesos y determinar las oportunidades y riesgos que inciden en el logro de los resultados.

Varias instituciones del gobierno están comprometidas con la calidad de sus intervenciones y lo demuestran con certificaciones como la norma ISO 9001-2008.

Entidades como Infotep, el ITLA, y, de forma sistemática, las instituciones lideradas por la vicepresidenta Margarita Cedeño en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (Adess, Siuben, CTC y Progresando con Solidaridad), cada año, renuevan su certificación de calidad ISO que aborda el objeto y campo de aplicación del enfoque de la calidad, las normas, la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto que se entrega a la sociedad y la medición, el análisis y la mejora.

Recientemente, Progresando con Solidaridad dio un paso más. En su preocupación por la calidad, transitó de la norma ISO 9001- 2008 a la ISO 9001-2015 que profundiza en procesos asociados al contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, las operaciones, la evaluación del desempeño y la mejora.

Prosoli también recibió en julio el premio mundial de calidad ESQR`sQualityAchievementsAwards 2017 por la eficiencia de su gestión, los servicios de excelencia, la transparencia, la dedicación de los empleados y el progreso continuo.

Hacer las cosas bien no solo es una preocupación de las empresas para mejorar sus productos. El Gobierno también tiene un compromiso serio y evidenciado con la mejora continua.

Como dice John Ruskin, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.

Si queremos reducir la miseria y la pobreza, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, y la mortalidad materno infantil, no hay otro camino que trabajar con excelencia, enfocados en el principal cliente: el pueblo y las familias más pobres y vulnerables de la República Dominicana, a quienes sirve y se debe el gobierno.

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