El Presidente de la República ha comunicado su decisión de que sea investigada la admitida práctica de la empresa brasileña Odebrecht de pagar sobornos a funcionarios públicos en doce países para conseguir contratos con los gobiernos, incluyendo la República Dominicana.

Ha hecho un énfasis especial el mandatario en que se investigue la licitación mediante el cual se le concedió a esa empresa la construcción de las plantas Punta Catalina a un costo de US$2,040 millones.

No se trata de un caso cualquiera.

La empresa en cuestión ha construido las principales obras de infraestructura en la República Dominicana desde 2001 hasta la fecha, por lo que no debe quedarse como un episodio más, sin consecuencias, la revelación de que ha pagado US$92 millones en sobornos a funcionarios locales.

El Presidente de la República ha comunicado que actúa para atender la inquietud de la población en torno al caso y para abonar a la transparencia con que se deben manejar los fondos públicos.

Esperamos que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República permitan desenmascarar a los funcionarios que han recibido sobornos, pues es seguro que quien así actúa no defiende el interés nacional.

Llevar este caso hasta los tribunales manda un mensaje a los funcionarios públicos y a la población en sentido general.

Ya se conoce al sobornador, faltan los sobornados, que no pueden salir impunes.
La impunidad hace daño.