El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de Presupuesto General del Estado, el cual ahora es enviado al Congreso para su conocimiento, posible modificación o no, y posterior aprobación.

El mismo contempla un gasto total de 765 mil millones y pagos financieros por 156 mil millones, para un total de 921 mil millones.

En contraparte, figuran ingresos fiscales por 689 mil millones, con lo cual se deduce se requerirán donaciones y deudas por unos 131 mil millones para cubrir el déficit, el cual se ha informado ascenderá a 1.7 por ciento del PIB, en contraste al 2.2 por ciento esperado en el presente ejercicio.

La importancia del presupuesto es que “allí queda plasmada, de forma clara y transparente, cuál es la política económica que llevará a cabo el Gobierno.

Nos permite evaluar qué puntos se privilegiarán y qué consecuencias tiene esa elección por sobre otras posibilidades.

Podremos apreciar si la política será expansiva o de ajuste y cuánto dinero se destinará a cada área del gasto público, previendo de esta manera dónde estará puesta la prioridad y qué impacto directo representará esto en la vida cotidiana de cada habitante del país”.

Además, nos dice cómo se espera se generen los ingresos y a falta de estos, cuál será el nivel de endeudamiento requerido para completar el mismo.

Y aquí podemos vislumbrar el dato macroeconómico más importante: cuál será la magnitud del llamado déficit fiscal.

Este déficit ha sido el dolor de cabeza del Gobierno en los últimos años y su mayor amenaza. Tanto el déficit del Gobierno en sí, como el de su apéndice, el Banco Central.

Ambos déficits han sido determinantes en la tasa de cambio, la tasa de interés y la inflación en sentido general.
Estudiemos desde ahora el Presupuesto, el destino de los fondos, las políticas de recaudación y los niveles de endeudamiento, para mañana no estar desgarrándonos en quejas que desde ahora se pueden vislumbrar.