El país ha quedado conmocionado por la magnitud del ya denominado “Caso Odebrecht”, muy en especial por la cantidad de personas de alto perfil imputadas por la Procuraduría General de la República.

Para que se tenga una idea de las dimensiones del proceso, solo hay que tomar en consideración que fueron requeridos con orden de arresto tres miembros del Comité Político del partido oficialista, el presidente del principal partido de oposición, cuatro legisladores, un ministro y varios exfuncionarios de diversas administraciones.

Pero además, los hechos imputados se relacionan a las principales obras construidas en los últimos quince años, las cuales han contribuido a cambiarle la fisonomía al país.

Además, no se trata de un caso aislado, sino de uno con connotaciones transnacionales, donde están envueltos doce países en los que funcionarios habrían recibido sobornos concedidos por la constructora brasileña Odebrecht para conseguir contratos.

En definitiva, hay suficientes elementos para que el país esté conmocionado.

Ya el caso está en la Justicia, esfera donde debe salir a relucir la verdad y aplicarse lo que disponga la ley en cada caso.

La Justicia debe seguir su curso, como también lo deben seguir todos los ámbitos de la vida nacional.

Un proceso judicial, por trascendente que sea, no puede paralizar el aparato económico, el funcionamiento de las instituciones ni la cotidianidad del país.
Hay actividad más allá del caso Odebrecht.