Cuando en cumplimiento a lo señalado en la nueva Constitución aprobada en enero 2010 el entonces Presidente Leonel Fernández promulgó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), jamás imaginó que los años subsiguientes harían prácticamente imposible su cumplimiento.

En la ocasión, y previa consulta con el denominado Consejo Económico y Social, se determinó de manera clara que para que nuestro país lograra un crecimiento inclusivo era necesario enderezar el camino de un endeudamiento público cada vez más creciente, situación que pocos años después se hiciera el argumento central de las revisiones de nuestras economía de parte del Fondo Monetario Internacional.

¿Y qué ha pasado en estos años que no se cumplió con la Ley 1-12? En el Capítulo X, artículos 34, 35 y 36 de dicha ley, se plantea la necesidad de un pacto por la reforma educativa, la reforma eléctrica y la reforma fiscal. Obviamente, siendo el subsidio y el enmarañamiento eléctrico el cáncer del Presupuesto nacional, su solución se convierte en una precondición para poder celebrar un pacto fiscal.

Pero en el ínterin se produjo un cambio de gobierno de Medina por Fernández y con ello vino el proyecto de Punta Catalina, que inesperadamente cada día se iba atrasando más y más, sobre todo por la debacle del financiamiento a consecuencia de los problemas de Odebrecht y la corrupción apadrinada por ella.

Hoy, a más de tres años de haberse iniciado las discusiones del pacto eléctrico, se está en la antesala de su conclusión, teniendo hace meses el Poder Ejecutivo una versión supuestamente lista para su firma.

Se alega que la misma no cumplirá, por mucho aportar, las soluciones requeridas para detener la hemorragia financiera que representa el sector.

Y para colmo, ahora habría que gastar un enorme capital político para consensuar un pacto fiscal.

Hasta ahora luce que tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo natimuerta.