El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha marcado, sin lugar a dudas, un hito al conseguir el fallo favorable de un recurso de amparo contra las prácticas monopólicas en el servicio de transporte con énfasis especial en el de cargas desde y hacia los muelles del país.
Es obvio que en el caso de traslados de pasajeros a nivel urbano e interurbano, la histórica sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) no es menos importante, pero el gran valor de esa decisión reside más en lo simbólico y en la trocha que abre para desarraigar las conductas anticompetitivas que atentan contra el bienestar de la gente, patrocinan la inequidad e impulsan el rentismo avieso e indelicado de algunos empresarios.
No creo que en lo inmediato la sentencia sea aplicable. Primero habría que ejecutar una reforma institucional profunda, que englobe a las agrupaciones políticas y sepulte el clientelismo y el padrinazgo politiquero a “gente de negocios” como correas de transmisión de todas las imperfecciones del mercado.
Vista de esta manera, llevada a la cruda realidad y restando los detalles emblemáticos, la sentencia del TSA y el triunfo del Conep no pasan de ser “fuegos artificiales”, porque nuestro gran vacío es la inexistencia de un régimen de competencia y un órgano independiente con capacidad normativa y sancionadora respetado por todos.
Mi expectativa es que la osadía del Conep, merecedora de aplausos, no se estanque y pase a ser una cruzada contra todo ejercicio anticompetitivo y abusos de posición dominante, tan cotidianos y evidentes en este país.
Quizás el próximo paso de la cúpula empresarial, para completar el ciclo del transporte, sea atacar la cartelización de las navieras.
Desde mis tiempos de reportero económico (muchas aguas han caído) escucho a los empresarios quejarse de la manera en que las navieras impactan sus costos, pagados al final por los consumidores.
No debemos desanimar al Conep. Al contrario, ahora que el TSA se pronunció de la forma en que lo hizo, la sociedad debería ir en fila al tribunal con una lluvia de amparos para forzar cambios, incluso políticos. A lo mejor esto sería menos costoso y tendría más sentido que poner a funcionar a la opaca Procompetencia.
