Antes de que el presidente Medina recibiera una ovación de pie en el Congreso, el pasado 27 de febrero, al anunciar que no habrá prórroga del Plan de Regularización de Extranjeros (PNRE), altos funcionarios del área migratoria habían anunciado más de 10 veces en varios medios de comunicación que serían repatriados quienes no se hayan regularizado, de acuerdo a ley 285/04.

Al menos dos encuestas de opinión arrojan que una mayoría de dominicanos apoya esa predisposición oficial que en el actual contexto pre electoral no sería una acción puramente administrativa, sino que cobra una alta importancia política, incluso bajo las presiones de los sectores ultranacionalistas, en el manejo de las relaciones con Haití.

Es fácil entender que la opinión pública está influenciada por el bombardeo mediático antihaitiano cotidiano a través de algunos programas radiales, televisivos y columnas de prensa.

Todos compiten en intentar decir cosas peores de nosotros, los haitianos, de lo que han dicho los invasores europeos de los indígenas o de nuestros ancestros traídos del África desde el siglo VX.

No obstante, ya se elevan voces que pese a denunciar la vergonzosa gestión del Programa de Documentación haitiano (PIDIH), entienden que dos sectores fundamentales de la economía dominicana estarían gravemente afectados por las repatriaciones: la construcción y la agroindustria.

¿Cuántos haitianos se necesitan en dichos campos? En el primero, según la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), unos 260 a 270,000. Sus dirigentes describen a las repatriaciones como un “sofisma”.

En el segundo, la necesidad es de unos 153,000, según la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Esa cifra representaría el 34% del total de obreros.

Igualmente, ONG y sindicatos, notablemente la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) aseguran que no hay otra alternativa, debería extenderse el PNRE.

La problemática migratoria laboral dominicana tiene un referente en el más grande receptor de emigrantes de la isla Quisqueya.

En Estados Unidos la contratación de indocumentados es ilegal y, sin embargo, la mayoría de los braceros mexicanos y otros hispanos no tiene el permiso de trabajo.

Las multas aplicadas, hasta en el sector comercial, como fue el caso de Wall Mart en 2005, de 11 millones de dólares por emplear 255 indocumentados, no han sido efectivas cuando analizamos la cuestión 10 años después.

Más, con posiciones encontradas respecto a políticas migratorias, republicanos y demócratas están de acuerdo sobre la improcedencia de una repatriación masiva que afectaría a la mayoría de los indocumentados.

Una situación similar se registra con los compatriotas haitianos en República Dominicana, en términos de la necesidad del uso de esa mano de obra, porque hay faenas que han salido de la cultura laboral del dominicano, como por ejemplo el corte de la caña aunque mejoren las condiciones laborales o de vida en los bateyes.

En un artículo de mayo 2014 preguntábamos con ese título

¿El Plan de Regularización migratoria: cuál es la meta? En ese momento nadie nos había respondido, incluso en reuniones con las autoridades del Ministerio de Interior.

A nuestra gran sorpresa se publicó recientemente que la meta es de 300,000 mil. Por lo menos en cuanto a los inscritos.

Una meta que está por debajo del total de unos 423,000 trabajadores, según las entidades citadas arriba.

Ciertamente, la pregunta y el contenido del artículo referido vuelven al tapete en momento que estamos en el tramo final del PNRE. No hay mucha esperanza que Haití, con la reciente renuncia del Canciller para posiblemente buscar una candidatura presidencial, logre aumentar sustancialmente el número de sus nacionales con los documentos listos.

Por ende, las repatriaciones anunciadas serían injustas, por poner a pagar a los inmigrantes la irresponsabilidad del gobierno haitiano y las propias fallas, a pesar de los esfuerzos realizados, en el PNRE, incluso denuncias de “macuteo”.

No hay duda que estamos frente a un dilema, entre afectar la economía nacional con operativos masivos de expulsión bajo presión y seguir adecentando la gestión migratoria desde una óptica humana y justa.
El Gobierno tiene la última palabra.