El Tribunal Constitucional salvó la República al anular el “nuevo” Código Penal votado por la ley 550-14 porque era incompatible en la médula con la Constitución.

El legislador instauró ese Código Penal pretendiendo reducir la criminalidad, penalizando nuevas conductas e incrementado las penas de prisión como política pública para disuadir a los ciudadanos y las ciudadanas de la comisión de crímenes y delitos, tratando a todos y todas como sospechosos, potenciales enemigos de la sociedad.

Ese Código Penal concebía las penas como política de prevención general que busca infundir temor en la sociedad con amenaza y ejecución de penas drásticas, considerando a los infractores como enemigos de la ley, no personas, sin derechos ni garantías. a los que excluye de la sociedad impidiendo su reinserción, contrario a la doctrina de prevención especial pautada por la Constitución dominicana, en que el fin de la pena es reeducar el infractor para reintegrarlo a la sociedad rehabilitado.

En el Estado social el Derecho penal es un instrumento excepcional para garantizar la vigencia efectiva de los derechos violados por el imputado, y la pena de prisión está orientada a la reeducación y reinserción social de las personas condenadas (art.40.16, Constitución).

El gran giro que dio el país en la reforma constitucional de 2010 fue transitar del Estado legal al Estado social de derecho, donde la libertad es la condición natural de las personas y el Derecho penal que restringe o priva de libertad entra como excepción, porque saca al ciudadano de la sociedad y su prisión es para reorientarlo y reintegrarlo de nuevo resocializado.

Se le denomina “social” porque las personas, sus derechos y libertades fundamentales son el centro y la razón del Estado, mientras que en el “legal” las personas son un medio para alcanzar el fin que es el Estado mismo.

El Estado que instituye su política pública para reducción del crimen penalizando nuevas conductas e incrementado las penas de privación de libertad, usa la población como un objeto para disminuir la criminalidad violenta, no como sujetos de derechos, lo cual ha fracasado en todas partes del mundo.