Ahora que, a raíz de la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional, República Dominicana desconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte), recordemos que este comportamiento ha sido exhibido por otros países cuando la Corte los ha condenado debidamente.

En 1998 Trinidad y Tobago denunció la Convención. Su retiro fue porque no podían esperar que la Comisión y la Corte Interamericana tramitaran los casos de las personas condenadas a pena de muerte que acudiesen al Sistema Interamericano, ya que la persona debía ejecutarse dentro del plazo de los 5 años a partir de su sentencia.

Luego fueron emitidas 2 sentencias contra Trinidad y Tobago de casos sometidos antes de la denuncia. En el Caso Hilaire se encontró al Estado responsable por violación al derecho a la vida, al establecer que el culpable de homicidio intencional debe ser condenado a la pena de muerte, imposición que es contraria al art. 4 de la Convención.

En el caso Caesar, se condenó al Estado por violación al art. 5 de la Convención, que proscribe los tratos crueles e inhumanos y la tortura, debido a que dicho señor fue sometido a un castigo corporal de azotamiento, por sentencia emitida por la High Court.

Perú intentó salirse en 1999. Pero dicha salida no tuvo efecto, ya que pretendió hacerlo mediante el retiro de la declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la Corte, acto no permitido, pues para salirse de la Corte debe denunciarse la Convención en su totalidad.

Esto surge por la sentencia del caso Castillo Petruzzi, donde la Corte invalidó el proceso, por haber sido procesado por un tribunal sin rostro de la justicia militar, y condenado a cadena perpetua por traición a la patria.

La Corte ordenó celebrar un nuevo juicio con observancia del debido proceso. El Consejo Supremo de Justicia Militar entendió que la sentencia de la Corte violaba el principio de cosa juzgada, por revisar una sentencia interna.

Al salir Fujimori, en 2000, Perú restableció, legislativamente, la competencia de la Corte. Antes, en la Sentencia Ivcher Bronstein, la Corte le había informado al Estado que su salida era inválida por no haber denunciado la Convención totalmente.

Venezuela fue en 2012, como retaliación por la Sentencia en el caso Leopoldo López (líder opositor), que condenó a Venezuela por inhabilitarlo, administrativamente, para el ejercicio de la función pública, contraviniendo la Convención, ordenando al Estado permitir la postulación de dicho señor en las elecciones.

Venezuela fundamentó el retiro de la Convención en que la Corte atendía a criterios políticos de oposición al régimen de Hugo Chávez Frías.

El desacato de las sentencias de la Corte por desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, retaliación y distorsión de principios, ¿son el ejemplo de este Estado de derecho?