Ecuador.-Desde 2006, la producción petrolera de Ecuador está estancada.

Fue entonces cuando el país comenzó a aumentar el control estatal de las reservas.

Al lado, Colombia invitó a perforadores internacionales y la producción está en plena expansión.

Los dos países latinoamericanos exhiben cada vez mayores divergencias en sus caminos independientes. El 8 de octubre, Ecuador decidió impugnar una orden de pagar US$1,770 millones a Occidental Petroleum Corp. como indemnización por expulsar a la compañía estadounidense en 2006.

Echar a Occidental, con sede en Los Ángeles, “fue un mal negocio, porque la producción comenzó a bajar”, dijo Vicente Albornoz, rector de la escuela de negocios de la Universidad de las Américas en Quito.

“La producción cayó en todo el país porque crearon un clima adverso para la inversión”.

Desde mayo de 2006, la producción de crudo en Ecuador cayó 6,2 por ciento en comparación con un salto del 78 por ciento en Colombia, según datos compilados por Bloomberg. La brecha creció hasta un récord de 461,000 barriles en noviembre de 2011.

Ecuador va acercándose más al bando de los miembros de la OPEP que se niegan a que los recursos estén en manos extranjeras.

El país con las terceras reservas de petróleo más grandes de Sudamérica va alineándose más con los productores Venezuela e Irán, rechazando acuerdos que otorgan participaciones accionarias en los combustibles fósiles a las compañías petroleras globales.

En la mayoría de los casos, esto deriva en que los ingresos para el Estado disminuyan cuando los directivos estatales intervienen, a diferencia de países como Colombia que dan la bienvenida a operadores internacionales y están teniendo una producción e ingresos crecientes.

Ecuador dijo el 8 de octubre que apelará a una compensación récord fijada por una comisión de arbitraje del Banco Mundial por despojar a Occidental, con sede en Los Ángeles, de su concesión y confiscar sus activos.

La causa contra Occidental, el productor más grande de crudo costal en Estados Unidos continental, marcó el inicio de una puja de más de seis años por aumentar el control estatal en Ecuador, que contrasta con Colombia, donde la inversión privada ha visto aumentar la producción.