Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó al presidente de la Suprema Corta de Justicia iniciar una investigación contra la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré, por considerar “abusiva” la sentencia que ordena devolver US$20 millones a la sociedad Prado Universal Corp., constructora de la torre Atiemar.
“Esta sentencia es a todas luces descabellada, irraciona, desproporcional, carente de lógica jurídica, alejada de la función natural y del juez de amparo”, manifestó.
El magistrado se refiere a la sentencia 118-2015 dictada por la jueza de la Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en la que también impone el pago de un astreinte de RD$1 millón diarios por cada día de retardo de cumplimiento de la misma.
Esa sentencia fue dictada contra el Ministro de Hacienda, al administrador general del Banco de Reservas, y los miembros de su Consejo de Administración, la procuradora fiscal del Distrito Nacional y el procurador Domínguez Brito, por no acoger la entrega del excedente de la venta de la torre Atiemar solicitada por la constructora.
El funcionario sostuvo que la jueza no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido, y que por lo tanto no es susceptible de liquidación ni de exigibilidad.
Sin embargo, “de manera incomprensible” la jueza le reconoció ese pedido “ignorando todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión. Por eso solicito iniciar una investigación en contra de la actuación de la magistrada”, dijo.
Dice sentencia es absurda
Francisco Domínguez Brito consideró que la jueza Awilda Inés Reyes Beltré ordenó devolver sumas absurdas de dinero sin obstemperar al reconocimiento inmediato de nos derechos supuestamente afectados.
“Es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en esta importante acción, reconociendo los derechos que las mismas poseen y desean proteger”, recordó. No obstante, recordó que eso nunca sucedió en este caso.