Caracas.- Un grupo de diputados opositores venezolanos acudió hoy a 14 embajadas en Caracas para pedir a sus países que rechacen el “golpe de Estado” que, aseguran, asestaron el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Los legisladores, todos del partido Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, entregaron ante estas sedes diplomáticas una copia del acuerdo aprobado el mes pasado en el parlamento en apoyo a la aplicación en Venezuela de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el texto también se rechaza la “persecución política” de la que acusan a Maduro y se pide apoyo a la comunidad internacional “en la recuperación de la democracia en el país a través de elecciones».

Los parlamentarios acudieron a las embajadas de Estados Unidos, Colombia, Honduras, Bolivia, Barbados, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Granada, Perú, Surinam, Belice, Paraguay y Cuba, siendo esta última la única en la que no recibieron el documento al alegar, según PJ, que solo el embajador podía hacerlo.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el partido de Capriles mostró fotografías y vídeos que daban cuenta de estas movilizaciones, así como de una protesta en el oriente de la capital venezolana encabezada por los diputados Miguel Pizarro, Juan Requesens y José Manuel Olivares.

Estos tres opositores cerraron parcialmente el paso de vehículos durante una media hora en una de las principales avenidas de Caracas y marcharon hasta el frente de una dependencia del Supremo, donde vaciaron sacos de paja en señal de protesta.

“Ninguna fuerza policial ni Maduro nos van a quitar el derecho a protestar por nuestros sueños”, dijo a periodistas Requesens, quien invitó a marchar hasta el Parlamento este martes, cuando los diputados abordarán la supuesta ruptura del orden constitucional en el país.

Durante la última semana, se elevó la tensión política en el país caribeño por dos sentencias del Supremo -ya revocadas-, que despojaban al Parlamento de sus competencias y a los diputados parcialmente de su inmunidad.

Por ello la mayoría opositora, que controla el Legislativo, ha anunciado que este martes comenzará un proceso para destituir a los miembros de la Sala Constitucional del TSJ -quienes firmaron las decisiones-, una idea que, para concretarse, requiere el apoyo del Poder Ciudadano, instancia más cercana al Ejecutivo.