El Colegio de Abogados inició la repartición masiva de la nueva Constitución de la República, aportando así su grano de arena en el obligado proceso de difusión de nuestra Carta Magna.
Se ha propuesto regalar unos 500 mil ejemplares entre la población con el objetivo de que los dominicanos tengan en su poder ese texto.
 Esa misión debe ser asumida también por los poderes Ejecutivo y Legislativo como si fuera parte del proceso de reforma que ellos protagonizaron.
No basta con tener una buena Constitución, sino que la población conozca los derechos y deberes que de ella se derivan.
La Escuela tiene la obligación de hacer más énfasis en el contenido constitucional al impartir la asignatura de “Moral y Cívica”.
Lo detallado y extenso del texto constitucional recién promulgado dificulta que la población conozca a profundidad su contenido, pero no impide que se difundan los derechos fundamentales en él consagrados.
  Estamos, sin duda, frente a una Constitución superior a la que rigió hasta el pasado 26 de enero, aunque siempre puede ser perfectible. Pero si la población no la ejercita o si las autoridades persisten en la práctica de cumplir a retazos, de nada serviría su contenido.
Además de difundirla, como bien está haciendo el Colegio de Abogados, corresponde a todos asumirla y ejercitar los derechos y deberes en ella consagrados.