Santo Domingo.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este jueves una orden de conducencia en contra del ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, debido a que no compareció al juicio de fondo seguido contra Reyna Margarita Núñez Infante, acusada de estafar al Ministerio de Educación con 47 millones de pesos con la compras de unos terrenos para la construcción de centros escolares.

La orden de conducencia se dictó según lo establecido en el artículo 199 del Código Procesal Penal dominicano que indica que: “Si debida y regularmente citado, el testigo, no se presenta a prestar declaración, el juez o tribunal o el Ministerio Público, durante el procedimiento preparatorio, puede hacerle comparecer mediante el uso de la fuerza pública”.

Los jueces, Pilar Rufino Díaz, Daira Medina y Delio Germán, ordenaron también la conducencia de la consultora jurídica del Ministerio de Educación, Terecita Bencosme; Franchesca de los Santos, Martín Rodríguez García, Omar Francisco Fernández y  la perito Iris Montero.

En un principio la investigación se desarrolló en contra de Núñez Infante y su esposo Ramón Benito Ramírez, quedando extinguida la acción en contra de éste último debido a que falleció el pasado año.

La investigación en cuestión se motiva en razón de la denuncia y posterior querella formal que presentara el Ministerio de Educación por ante la Procuraduría General de la República, en la cual informaba de la estafa que se cometiera en su contra en la compra de un inmueble por valor de 47 millones 452 mil 500 pesos por parte de la pareja de esposos.

Como parte del trabajo desarrollado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, durante el proceso investigativo de este caso se ha logrado recuperar el 40% de los activos adquiridos por la imputada, que habían sido invertidos en materia inmobiliaria y guardados en cuentas bancarias, las cuales fueron inmovilizadas.

La imputada Reyna Núñez se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, hasta tanto se decida su suerte procesal en los tribunales.