Mucha gente bienintencionada opuesta a la explotación de loma Miranda debería aplicar su buena voluntad a repensarlo. Resulta que la manera en que han propuesto impedir la extracción del níquel es declarando el área como una reserva natural o parque nacional.

Pero esas tierras, independientemente de cuál sería su mejor destino, son propiedad privada.

De modo que los derechos de sus dueños están protegidos nada menos que por la Constitución. Si la nación opta por dejar enterrada allí la riqueza del subsuelo, sin aprovecharla en bien del país, el Gobierno estará obligado a resarcir a los afectados, pagando el valor del proyectado parque.

¿Y cuál sería ese precio? Pues nada menos que el monto equivalente a la reserva fiscal declarada o sea cientos de millones de dólares. Quizás convenga más, por costar menos, traer del Polo Norte uno o dos glaciares… ¡Y habrá agua purísima!