Durante las últimas semanas se ha estado debatiendo en la sociedad dominicana la sostenibilidad del endeudamiento público que hasta la fecha han concertado las presentes autoridades. No es la primera vez que ocurre este tipo de debate entre los economistas y políticos dominicanos. En los años ochentas el tema de la “deuda externa” fue muy debatido a propósito de que en dicha década, llamada década pérdida, constituyó uno de los temas de mayor transcendencia e importancia en el contexto nacional e internacional.

Durante los años ochentas, el endeudamiento externo obedeció a una política del sistema financiero internacional más que a las demandas autónomas de los países necesitados.

En sentido general, ello respondió a varias circunstancias principales, a saber: una primera circunstancia fue la urgencia que tuvo la banca internacional para reciclar la gran cantidad de petrodólares depositados por los países exportadores de petróleo, en espera de una utilización más productiva, en una coyuntura de débil crecimiento de las economías desarrolladas; para ello generó los mecanismos que le permitieran obtener elevados beneficios, ya que ningún banco quiere pagar intereses por depósitos sin cobrar otros mayores por el prestamos de esos mismos fondos; una segunda circunstancia estuvo vinculada a la situación de debilidad que tuvo la economía Norteamericana. Su predominio económico y tecnológico se mantuvo hasta principio del decenio de 1970.

Se añaden otras circunstancias, como la debilidad y pérdida de la supremacía del dólar; agotamiento de las innovaciones tecnológicas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial; y la situación económica crítica, caracterizada por múltiples factores, que también afectaron a los países capitalistas europeos durante los ochentas.

En la República Dominicana, el debate del endeudamiento público ha vuelto al escenario nacional.

¿Qué cosas son diferentes o parecidas a la situación de los años ochentas?

En primer lugar, al igual que en los ochentas, la economía mundial vive una de las crisis más profunda y compleja después de la gran depresión, aunque no tan prologando como en la década de los ochentas.

En segundo lugar, las políticas de ajustes impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Organismos multilaterales de financiamiento afines (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros) tenían un componente recesivo, situación que no ocurre en estos momentos.

En los años ochentas, el objetivo de las políticas “fondomonetaristas”, eran de carácter pro cíclicos ya que, ante una recesión, imponían políticas que profundizaban la recesión de las economías mediante la reducción en la demanda agregada, buscando de esa forma generar un superávit fiscal para que los países estuvieran en condiciones de pagar los intereses de la deuda externa.

El resultado de esas políticas nunca permitieron ampliar la “capacidad productiva” de las economías intervenidas y por consecuencia incrementar el Producto Interno Bruto (PIB), imposibilitando de esa manera el aumento de la capacidad de ingresos fiscales suficientes para cubrir el pago futuro de los intereses de la deuda pública (externa e interna).

Como se ha señalado, en la actualidad, los diseñadores de políticas públicas económicas han embarcado al país en una política de endeudamiento público que ha recibido la crítica de importantes sectores que inciden en la vida nacional.

Las autoridades han justificado esta política, apelando a la necesidad de reactivar la economía de forma que ésta retome el crecimiento sostenido de años anteriores y de esa manera generar capacidad de pago para cubrir los intereses futuros de los compromisos contraídos.

Pensamos que el endeudamiento per se no es una mala idea en una coyuntura recesiva y de caída en los ingresos fiscales, siempre y cuando esos recursos se destinen a incrementar la capacidad productiva del país.

Un incremento de la capacidad productiva significa invertir en el mejoramiento de la infraestructura material del país, en investigación y desarrollo, en energía, así como algunos problemas sectoriales específicos relacionados con la agricultura y la agroindustria, las manufacturas y la minería, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el turismo sostenible.

Si el gobierno no invierte esos recursos externos que ha recibido en actividades que incrementen las “capacidades productivas” del país, de lo contrario estaríamos creando una situación de insolvencia de pago y necesariamente habrá que realizar una nueva reforma tributaria para generar los recursos financieros suficientes para solventar esos compromisos contraídos.

*El autor es Director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (INISE)

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)