Destrucción de historias clínicas, un hecho funesto

Destrucción de historias clínicas, un hecho funesto

Destrucción de historias clínicas, un hecho funesto

En el momento en que los dominicanos y el mundo disfrutábamos de la agradable noticia de que nuestra gloria del deporte, el lanzador Pedro Martínez es exaltado al salón de la fama de Cooperstwn, se hizo pública la noticia de que miles de historias clínicas de los pacientes que se atendieron en el hospital Luis Eduardo Aybar eran destruidas durante se desarrollaba la demolición de ese centro hospitalario.

En el interés de arrojar claridad sobre el término historia clínica, asumimos la definición establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que la define como “el conjunto de formularios (manuales o electrónicos, agrego yo) en los cuales se registran en forma detallada y ordenada todos los datos relativos a la salud de una persona”.

La historia clínica, que es también denominada record médico,  tiene como propósito básico, servir de herramienta para a) la planificación de la atención al paciente de manera continua; b) la comunicación entre el médico y otro personal de salud que contribuya a la atención del paciente; c) proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y el tratamiento del paciente; d) el estudio y evaluación de la calidad de la atención prestada al paciente; e) proporcionar información para usos de investigación y docencia; f) ayudar a proteger los intereses legales del paciente, del hospital y del cuerpo médico.

Entendiendo lo dicho en el párrafo anterior, es indiscutible el extraordinario valor que reviste ese legajo de documentos cuya preservación en nuestro país está avalado mediante la ley número 481-08, por lo cual su destrucción resulta completamente condenable, penable y reprochable, ya que ninguna institución del Estado puede destruir documentos, si no cuenta con la aprobación de las instancias establecidas en la normativa, que en su artículo 70 dispone sanciones para los casos de deterioro o destrucción de cualquier naturaleza como lo expresa el director del Archivo General de la Nación, Dr. Roberto Cassá.

Por la repulsa que ha recibido esa medida en diversos sectores importantes de la sociedad dominicana, autoridades del Ministerio de Salud Pública han procurado buscar una explicación que resulta no convincente ya que aun cuando dichas autoridades admiten que se cometió un error al decomisar miles de historias clínicas, quieren justificar ese error con argumentos pocos creíbles como los de que esos documentos destruidos eran una minoría, que correspondían al “archivo muerto, que la gran mayoría de historias clínicas están en cajas dentro de un almacén del demolido hospital, las cuales no pueden mostrar, porque no encontraron las llaves para abrir el lugar y que desde el 2003, en el centro de salud se inició un proceso de digitación de las informaciones básicas de los pacientes.

Como se puede observar esos argumentos se caen por su propio peso, ya que todo esto pudo evitarse si se hubiera actuado apegado a las normativa 481-08 o si se hubiera hecho caso a la sugerencia que hicieron técnicos del Archivo General de la Nación, que a juzgar por las palabras del Dr. Cassa, visitaron las instalaciones del  demolido  hospital Luis Eduardo Aybar con ese propósito.

 

En relación al proceso de digitación al que se hace referencia, sabemos que el mismo es muy limitado y segregado, y que no logra alcanzar ni remotamente los niveles que tratan de justificar las autoridades de salud.  La prensa escrita va más lejos y, afirma que extraoficialmente “sólo los números de expedientes y los nombres y dirección de los pacientes fueron digitalizados y guardados.“

Respecto al criterio de “archivo muerto”, compartimos el juicio Dr. Cassá de que las historias clínicas tienen valor cultural, histórico, personal y hasta familiar, por lo que el criterio de “archivo clínico muerto” es un concepto errado, dado que esos documentos tienen valor para salvaguardar las condiciones de salud de las personas y sus descendientes, para el país y para el patrimonio nacional.

Más aún en tiempos como estos, donde la automatización de la mayoría de actividades de los ciudadanos constituye el pan nuestro de cada día y donde la historia clínica electrónica es un modulo informático que no reviste ningún grado de complejidad ni en su estructura ni en su volumen de almacenamiento, ya que en estos momentos existen sistemas que gestionan la acumulación masiva de datos conocidos como BIG DATA.

La denuncia pública a esta reprochable decisión juega un papel de gran trascendencia, ya que por un lado procura evidenciar la existencia de ciudadanos e instancias que no corroboran la idea puesta en práctica por algunos sectores conservadores que desde el poder y alrededor de él presionan para que sea borrada la memoria histórica del pueblo dominicano y por el otro lado  manifiesta un alerta para frenar cualquier deseo que pudiera existir en desviar los propósitos de servicios gratuitos a la población dominicana en el hospital Luis Eduardo Aybar luego de que el mismo sea reconstruido.

Es importante solicitar a las autoridades gubernamentales competentes que se aboquen a determinar los responsables de esta funesta decisión y a los mismos se les apliquen las debidas sanciones, de tal forma que se evite la repetición de este hecho.

Debe aprovecharse este acontecimiento para convertir una cosa mala en buena, instituyendo que todos los centros y subcentros hospitalarios públicos del país automaticen ya el historial clínico y todas las actividades asociadas a los servicios de salud, los cuales deben estar integrados en una red pública on line de salud que constituya un modulo de la red pública nacional de servicios ciudadanos.

Esto nos permitiría adelantarnos al proceso de priorización del sector salud que inexorablemente se producirá en este país de manera parecida a como ha acontecido con el sector educativo.



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