Santo Domingo.- El Inspector General del Consejo del Poder Judicial, Leónidas Radhamés Peña Díaz, reveló que desde enero a noviembre del año en curso, esa dirección ha realizado 589 investigaciones a nivel nacional, y que a partir de enero próximo tendrán más presencia preventiva en los tribunales.

Durante una mesa redonda, con el tema “Seguridad y Justicia: Retos del Sistema de Inspectoría del Poder Judicial”, celebrada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en el hotel Jaragua de esta capital, Peña Díaz reveló que en lo que va de año a nivel nacional fueron sometidos a juicio disciplinario por ante el CPJ, 19 jueces, 295 empleados administrativos, 142 alguaciles, 153 servidores judiciales, para un total de 609.

Asimismo, dijo que la Dirección de Inspectoría remitió al CPJ 51 inspecciones ordinarias, 77 inspecciones de conocimiento, 209 inspecciones extraordinarias y 139 oficiales de la justicia, además de 53 y 52 visitas ordinarias y extraordinarias realizadas por la Contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Indicó que la Dirección General de Inspectoría trabaja por una justicia más ética, eficiente y transparente.

Aclaró que las visitas a los departamentos judiciales procuran organizar los tribunales por medio del contacto con los abogados y la ciudadanía, a fin de que ellos digan que está pasando en los mismos.

“No es que estemos fiscalizando ni persiguiendo directamente a los jueces, como se ha dicho, de hecho nosotros respetamos mucho las decisiones de los jueces, y cuando Inspectoría realiza una investigación es porque lo ordena el Consejo del Poder Judicial, porque nosotros no vamos por motus propio a investigar a nadie, no estamos facultados para eso. Nosotros recibimos alertas de la ciudadanía y las ponemos en conocimiento del Consejo del Poder Judicial y ellos son los que nos autorizan”, subrayó Leónidas Peña, quien agregó que a nivel nacional hay 27 inspectores judiciales.

Las discusiones sobre la importancia del papel de Inspectoría fue moderada por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, y  participaron el doctor Justiniano Montero, director general de Administración y Carrera Judicial; Jaime Bautista, consultor de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID); la magistrada María G. Garabito Ramírez, presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, y magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.

El magistrado Justiniano Montero destacó el papel que viene desarrollando la Dirección General de Inspectoría del Poder Judicial, la cual dijo ha funcionado correctamente en el contexto normativo y en términos de eficiencia.

Sostuvo que la justicia necesita órganos que la apoyen, y que las investigaciones llevadas a cabo por ese organismo demuestran que la mayor parte de la judicatura anda muy bien, es buena, esforzada y trabajadora.

Dijo que no se puede ver al inspector como un policía del juez, sino más bien como un aliado para que las cosas funcionen bien.

El propio Justiniano Montero manifestó que nadie escapa a ser investigado por la Dirección de Inspectoría, ni siquiera el propio director de la Carrera Judicial o los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en pro de una verdadera justicia y altos estándares de calidad y reforma, porque todos están sujetos a una función pública.

“El Inspector judicial es un compañero de trabajo del juez, usted no pueden verlo como un policía del juez, ese no es su papel. Hay que comenzar a ver el trabajo de Inspectoría como un trabajo que necesita la legitimación de los propios jueces”, apuntó el magistrado Montero.

El doctor Servio Tulio Castaños manifestó que la mesa redonda tuvo como objetivo la creación de un espacio de diálogo para el fortalecimiento del sistema judicial y para que la gente y los actores de dicho sistema vayan creando conciencia acerca del importante rol que juegan los inspectores.

Asimismo, Jaime Bautista, de la USAID, favoreció que se le siga dando respaldo y confianza a la Dirección General de Inspectoría, que a su entender está haciendo un trabajo transparente y constituye un gran aporte para la institucionalidad.

Lo propio también opinaron los magistrados la magistrada María G. Garabito Ramírez, presidenta de la Corte Penal de San Cristóbal, y magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís, para quienes la Inspectoría es una garantía para la ciudadanía que reclama justicia y para el juez que tiene el deber de impartirla.

A la actividad asistieron representantes de Participación Ciudadana y de otras instituciones, jueces, juristas, diplomáticos, bogados y otros invitados especiales.