Todos hablan del Pacto Mundial para las Migraciones que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las voces contrarias a que el país lo suscriba son casi plebiscitarias y, de seguro, gran parte de esa oposición viene por la actitud hostil que contra la República Dominicana han tenido muchas de las dependencias de ese organismo internacional.

Por ejemplo, una agencia de la ONU ha acusado a República Dominicana de crear apátridas al no concederle la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos aquí, desconociendo que jamás un hijo de haitiano podrá ser apátrida, porque arrastra la nacionalidad haitiana en la sangre. Eso lo sabe bien el Acnur, pero se ha dedicado a desacreditar al país falseando datos.

Igual ocurrió cuando el entonces secretario general de la ONU le pidió al presidente dominicano, Danilo Medina, que le concediera la nacionalidad dominicana a haitianos que residen aquí.

El propio Mandatario revelaba en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá que de atender ese pedimento se les estaría concediendo la nacionalidad a un millón de haitianos (no contaba con una posible estampida posterior de haitianos viniendo a buscar la misma).

Coge colita la ONU con el esperpento de la prejuiciada Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que reclamó al país modificar su Constitución para darles la nacionalidad a todos los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en territorio dominicano.

Son solo algunos ejemplos para entender porqué casi plebiscitariamente los dominicanos repudian el Pacto Mundial de las Migraciones promovido por la ONU, pues saben que cuando puedan usarlo contra República Dominicana lo usarán.

El Pacto tiene muchas cosas interesantes, como son que los Estados entreguen documentos a sus ciudadanos, que se fortalezcan las fronteras, que se creen los mecanismos para que los inmigrantes hereden la nacionalidad de sus padres. Ahora bien, siempre hay un pero.

En lo relativo al establecimiento de políticas migratorias, el Pacto de la ONU reconoce la soberanía de las naciones para establecerlas, sin embargo, en todos los casos le agrega la coletilla de “conforme al derecho internacional”.

Eso se interpreta como que esas leyes nacionales deben estar acorde con lo que decidan los organismos internacionales o supeditadas a cuestionamientos de otras naciones que serían dirimidas en organismos internacionales.

El dominicano sabe que esos organismos internacionales impondrían lo que hasta ahora han intentado: intervenir en la política migratoria interna para hacernos cargar con el pesado fardo de un Estado fallido como es el haitiano.